Como lo mucho hasta Dios lo ve las autoridades penitenciarias no tuvieron más remedio que intervenir los Centros de Corrección y Rehabilitación El Pinito y de Privación de Libertad No Reformado de la Fortaleza La Concepción, ambas en La Vega, donde un recluso asesinó a su pareja sentimental durante una visita conyugal, recluso que una semana después apareció muerto en su celda en la que se habría ahorcado; pero ya antes otro privado de libertad, señalado como jefe del microtráfico en el Ensanche Bermúdez de la ciudad de Santiago, murió supuestamente envenenado.

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La Dirección General de Servicios Penitenciarios y Correccionales informó que durante la intervención realizada el fin de semana ocuparon una gran cantidad de artículos prohibidos en los recintos penitenciarios como son teléfonos celulares, sustancias prohibidas y decenas de armas de fabricación carcelaria. También que se elaboró un plan de acción con el fin de crear un protocolo de seguridad que responda a los retos que se presentan, que se aplicará en coordinación con las autoridades gubernamentales y del Ejército; lo que simplemente significa que nada de eso existía antes de que las autoridades hicieran su intervención. ¿Había que esperar la muerte de tres personas para ponerse manos a la obra?

La respuesta a esa pregunta es necesariamente afirmativa, pero como en este país más vale tarde que nunca hay que saludar que las cosas se estén haciendo. Mientras tanto, una “comisión de intervención” realiza “un análisis profundo” de la situación, para hacer las recomendaciones pertinentes.

Ojalá que sus miembros no profundicen tanto que luego les cueste demasiado esfuerzo salir a la superficie a ofrecer las recomendaciones que permitan poner la cosas en orden en esos recintos carcelarios, que no son los únicos que necesitan una intervención urgente y a fondo. Es por eso que debo despedir esta columna con una pregunta: ¿Y La Victoria para cuándo?