Con la entrada en vigencia del código agrario del Presidente Joaquín Balaguer, los directores del Instituto Agrario Dominicano emprendieron iniciativas de recuperación de terrenos, unos de propiedad estatal y otros mediante la ley de Cuota Parte, que comprende áreas favorecidas con obras levantadas por el Estado. Latente todavía en la mente de los dominicanos los escándalos con los predios de Nisibón, en Higüey, y la legendaria finca Aguayo, de San Francisco de Macorís, intervenidas por las autoridades agrarias de la época

En octubre del año 1990 Balaguer nombró en la dirección del IAD al Ing. Gustavo Tavárez, en sustitución del también Ing. Cándido Vargas. Embriagado por la principalía que para ese entonces tenía el organismo rector del programa agrario gubernamental, el nuevo funcionario diseñó un ambicioso plan dirigido a aplicar la cuota parte, y a tales fines instruyó a su Consultor Jurídico, Dr. Quico Mateo Florián, “concentrar los recursos económicos y personal necesario en la ubicación de las tierras pasibles de ser afectadas por la indicada disposición”. La orden de Tavárez expresaba “para el éxito de la tarea encomendada, el departamento Jurídico deberá auxiliarse de técnicos del Instituto Nacional de Recursos Hidraúlicos (INDRHI), Secretaría de Agricultura y la comisión militar adscrita al IAD”.

Para esos mismos tiempos el Gobierno del Presidente Joaquín Balaguer había autorizado la reparación y ampliación del canal Marcos A. Cabral, de Baní, hasta las zonas de Caldera I y Caldera II, y la comunidad de Las Tablas, para garantizar agua de regadío a miles de tareas nuevas que serían incorporadas a los planes de reforma agraria.

En consonancia con el mandato del Código Agrario y tratando de lucir “hombre con instintos revolucionarios”, el jurídico Mateo Florián “regó” actos de alguacil en todos los campos del país, acción que fue suspendida cuando los abogados del IAD notificaron a la razón social “Casa Vicini “un plazo de cinco días francos para entregar a la Reforma Agraria cinco mil tareas de su propiedad, ubicadas en las comunidades Semana Santa y CAEI, de Baní, favorecidas con las aguas del canal Marcos A. Cabral, en virtud al mandato de la ley 126 sobre Cuota Parte”. Tanto el director Tavárez, como su jurídico ignoraban que los Vicini y otros propietarios en su oportunidad habían hecho los aportes correspondientes por el usufructo de las aguas de riego

El emplazamiento del IAD fue notificado en la jurídica de los Vicini, en la calle Isabel La Católica, a eso de las once de la mañana, y media hora después el Presidente Balaguer llamó al director de la Reforma Agraria y lacónicamente le advierte:

“Usted ha notificado a los Vicini, sin antes estudiar la situación… Y hemos terminado”.
Hace unos días me encontré con el Dr. Mateo Florián , y me confesó con sinceridad que “esa gran experiencia me ha llevado a actuar con cautela y comedimiento en todo mi accionar público y privado”.