POR FERNANDO QUIROZ
El director de Aduanas, Miguel Cocco, envió un informe al procurador general con detalles del proceso de compra por RD$1,000 millones de un edificio para alojar las oficinas aduaneras principales y le requirió una investigación exhaustiva de la operación.

Dijo Cocco que hizo el requerimiento fundamentado en el artículo 265 del Código Procesal Penal que establece el derecho de toda persona que sea imputada públicamente de la comisión de una infracción, a comparecer ante el ministerio público y solicitarle una investigación.

«A pesar de que esa operación comercial fue formalizada de manera transparente, la misma ha sido objeto de cuestionamientos públicos, que podrían levantar dudas sobre nuestra honra y consideración», expresó Cocco al procurador Francisco Domínguez Brito, en comunicación del pasado día 16.

El informe, titulado «Historia de un edificio», consta de 133 páginas, incluidos anexos de documentos oficiales, copias de cheques y fotografías de la edificación. Presenta copia del poder especial 83-05 que dio el poder Ejecutivo al secretario de Finanzas, Vicente Bengoa, el 4 de abril de 2005, para la compra del edificio.

A la compra del edificio para Aduanas, informó Cocco, fueron incorporados 423 escritorios, 1,227 sillas, 226 credenzas, 72 gavetas móviles, 300 mesas, 1,748 panderetas, un mueble tipo archivo madera, 126 modulares, 209 libreros, tres muebles counter, un sillón triple de cedro y una mesa tipo credenza para computadora.

Aduanas emitió un comunicado el 20 de abril pasado con detalles sobre la operación de compraventa del local de la avenida Abraham Lincoln, en el que hasta hace unos días alojo a la telefónica Verizon, en el que informaba los términos y condiciones financieras pactados, modalidad de pago y plazo de amortización.

Puntualizó que esa decisión fue adoptada en consulta y con la aprobación del presidente Fernández. En representación del Estado, además de él, firmó el secretario de Finanzas, Vicente Bengoa, y por la vendedora Consultoría Astur SA, su apoderado Rúgulo Emilio Gómez Bureo.

Cocco comunicó a Domínguez Brito que admite y está consciente que se trató de una operación de compraventa realizada directamente, sin licitación pública, «pero pensada por años, evaluada con mucho cuidado en términos financieros y cuyo repago se está efectuando y se efectuará, sin acudir a recursos del Presupuesto General de la Nación».

En su informe dijo que el contrato del 25 de marzo de 2005, el Estado dominicano adquirió por compra a la Consultoría Astur SA, que preside el ingeniero Miguel Vargas Maldonado, ex secretario de Obras Públicas, los terrenos y sus mejoras consistentes en el edificio ubicado en la avenida Abraham Lincoln a esquina Jacinto Mañón.

PROPIEDAD

La propiedad adquirida consta de un edificio de cuatro niveles y un sótano, con un área bruta de construcción ascendente a 14,857.53 metros cuadrados, sobre una superficie de 21,353.05 metros cuadrados de terreno.

Ese edificio está estructurado con paredes laterales de bloques de cemento, techo de cemento vaciado, pisos de baldosas de granito en las áreas comunes y alfombrado en las áreas de oficinas, puertas de caoba y mobiliario con capacidad para 500 personas.

Además, indicó que tiene tres generadores eléctricos de 750 kilovatios cada uno, de uso continuo, tres ascensores con capacidad de 2,500 libras cada uno, equipos de purificación de agua, cuatro bombas de agua, sistema de enfriamiento con capacidad para 500 toneladas cada uno y una unidad de 50 toneladas.

Igualmente, sistema de protección contra incendio, toda la instalación eléctrica protegida con tubería, alarmas pulsadoras, pararrayos, cámaras de circuito cerrado en toda la edificación y 1,000 unidades de energía de emergencia o UPS.

PAGOS

El pago de los RD$1,000 será cubierto por Aduanas, indicó, RD$50 millones a la firma del acto el pasado 22 de marzo, luego de que la vendedora hiciera entrega de los documentos exigidos, los cuales, dijo Cocco, fueron recibidos a satisfacción.

Además se pagarían otras partidas de RD$50 millones el 22 de junio de 2005, el 22 de septiembre de 2005 y el 22 de diciembre de 2005.

Mientras que RD$792 millones fueron dispuestos en 72 cuotas iguales, fijas y consecutivas, de RD$11 millones cada una los días 22 de cada mes a partir de abril del 2005.

Además, indicó, habrá una última cuota de RD$8 millones. El saldo deudor devengará un interés de 8% anual, que será computado en base a los saldos insolutos, hasta completar el precio.

CUATRO INTENTOS

Cocco dijo que Aduanas y la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) compartían desde hace décadas un edificio de siete pisos en la avenida México.

Sostuvo que por el crecimiento en el volumen y complejidad de sus operaciones esas instituciones necesitaban de mayor espacio.

Dijo Cocco que desde la anterior gestión de gobierno del PLD, entre 1996 y el 2000, obtuvo el apoyo del presidente Fernández para identificar y adquirir un nuevo local para alojar las oficinas administrativas de Aduanas.

El 20 de agosto de 1999 el presidente Fernández otorgó el poder especial 171-99 al administrador de Bienes Nacionales para que adquiriera un inmueble propiedad de la Corporación Dominicana de Empresas Estatales (CORDE), por RD$38,724,800, para ser utilizado por Aduanas, con una extensión superficial de 7,381.84 metros cuadrados.

Sin embargo, señaló que pese a que en esa administración se pagaron RD$8 millones y se iniciaron los trabajos de acondicionamiento del local, terminaron su primera gestión el 16 de agosto de 2000 sin realizar el traslado.

Igualmente, informó Cocco, en la gestión de Vicente Sánchez Baret se intentó adquirir un nuevo local para Aduanas en razón del continuo deterioro de sus instalaciones.

Indicó que en esta oportunidad se trató de adquirir el edificio de la antigua Compañía Dominicana de Aviación, en la avenida Enrique Jiménez Moya.

De nuevo en este gobierno de Fernández, a partir del 16 de agosto de 2004, encaminaron las diligencias para obtener un nuevo edificio.

La primera opción, fue la propiedad ubicada en la avenida Máximo Gómez a esquina Pedro Henríquez Ureña, antiguo local de Segna Compañía de Seguros, con una superficie de terreno total de 5,485.39 metros cuadrados y un área de construcción de 988.43 metros cuadrados por planta, 3,953.72 metros cuadrados en total. No obstante, ponderaciones indicaron que el espacio resultaba pequeño para las necesidades de Aduanas.

La cuarta posibilidad era que el Estado adquiriera la torre comercial de 21 pisos, ubicada en la avenida Lope de Vega, actualmente propiedad del Banco Central.

La idea era que se pudiese trasladar a dicha torre la sede central de la secretaría de Finanzas y sus dependencias, Impuestos Internos, Aduanas, Bienes Nacionales, Tesorería Nacional, Dirección General de Aprovisionamiento del Gobierno, Catastro Nacional, Dirección de Exoneraciones, Instituto de Capacitación Tributaria, Dirección de Contabilidad, Lotería y Superintendencia de Seguros. Las restricciones presupuestales del Estado limitaron esa opción, afirmó.