Hoy 
República Dominicana no es el único país de América Latina afectado por el escándalo que ha salpicado a la constructora brasileña Norberto Odebrecht, la cual, según reconoció ella misma, pagó sobornos por US$92 millones por contratos de obras.
También Panamá, Colombia y Perú se han visto envueltos en el caso.
Panamá. La constructora brasileña Odebrecht se comprometió a pagar a Panamá 59 millones de dólares como fondo de garantía mientras se investigan sus sobornos en este país, informó ayer la fiscal general panameña, Kenia Porcell.
Esa es la misma cantidad de dinero que el gobierno de Estados Unidos estableció que Odebrecht había destinado a sobornos en Panamá, entre otras destinadas al mismo fin en diferentes países, por lo que la constructora aceptó pagar una millonaria multa.
La fiscal general panameña, Kenia Porcell.
“He recibido el compromiso formal, de manera verbal” de la constructora, “de entregar en un breve plazo los primeros 59 millones de dólares y/o garantías” que la empresa desembolsó “como pago de sobornos a personas naturales y jurídicas panameñas”, declaró la titular del Ministerio Público (MP) en una comparecencia ante la prensa en la que no aceptó preguntas.
Un informe difundido en diciembre pasado por el Departamento de Justicia de Estados Unidos indicó que Odebrecht pagó en Panamá entre 2009 y 2014 los 59 millones de dólares en coimas.
Perú. Se supo por agencias internacionales de prensa que el conglomerado carioca que admitió sobornos en varios países para ganar obras públicas, está negociando con la fiscalía de Perú la entrega de información y devolución de dinero de las ganancias ilícitas en el país.
“Estamos negociando con la empresa Odebrecht en Perú la entrega de información valiosa y útil para acortar los tiempos de nuestra investigación y la entrega al Estado peruano de un adelanto pecuniario a cuenta de las ganancias ilícitas en el país”, dijo en rueda de prensa el fiscal anticorrupción Hamilton Castro, jefe del equipo de investigación de los sobornos de la constructora brasileña.
Sin embargo, el fiscal no dijo qué obtendría Odebrecht a cambio de esa información.
El fiscal peruano, Hamilton Castro.
El último viernes, la empresa señaló en un comunicado interno -al que tuvo acceso la AFP- que estaba dispuesta a firmar un acuerdo con la justicia peruana tal como lo hizo en Estados Unidos, a fin de poder seguir activa.
El fiscal Castro, quien estuvo acompañado del fiscal de la nación, Pablo Sánchez, dijo que la suma de las ganancias ilícitas que habría obtenido la empresa “tiene que ser devuelta al Estado peruano”.
“En esa medida estamos negociando la entrega de una suma significativa de dinero en efectivo”, añadió.
Colombia. La investigación por el caso de corrupción que se tejió en la constructora brasileña Odebrecht dio un paso certero este jueves en Colombia: fue capturado el primer funcionario público que habría recibido sobornos de la compañía para adjudicar contratos de obras públicas. Se trata del exviceministro de Transporte y director del el Instituto Nacional de Concesiones (INCO), Gabriel García Morales. En las próximas horas la Fiscalía colombiana le imputará los delitos de enriquecimiento ilícito, cohecho e interés indebido en la celebración de contratos.
“La Fiscalía tiene evidencia que el señor García exigió la suma de 6,5 millones de dólares para garantizar que Odebrecht fuera la firma adjudicataria de la Ruta del Sol Tramo Dos, excluyendo a otros competidores”, declaró el fiscal General de la Nación, Néstor Humberto Martínez, en rueda de prensa.
El exviceministro de Transporte y director del el Instituto Nacional de Concesiones (INCO), Gabriel García Morales.
Después del anuncio de Estados Unidos, explicó el fiscal colombiano, la investigación arrancó y tres semanas después pudo “establecer que la firma Odebrecht efectuó evidentemente pagos para obtener la celebración de varios contratos en Colombia”. El primero de esos desembolsos fue por el valor de 6,5 millones de dólares y se llevó a cabo para la concesión de la Ruta del Sol (una importante carretera de ese país) que estaba a cargo del Inco, “dirigido en aquella época por el exministro de Transporte Gabriel García Morales. Este contrato fue adjudicado a finales del año 2009 y firmado en el año 2010”, apuntó el jefe de la Fiscalía.
