Duplicidad cara y deficiente

La práctica del clientelismo representa para este país altos costos y baja eficiencia. Basta analizar lo que consumen las estructuras administrativas del transporte y la electricidad, y cotejar sus costos con la precaria calidad de estos servicios, para darnos cuenta de que estamos echando las finanzas en un barril sin fondo. En 2015, seis de los siete organismos que rigen el transporte consumieron casi 12 mil millones de pesos, pero el servicio es de lo peor. El sector energético es manejado por ocho instituciones, cada una con su consejo de administración, pero el servicio eléctrico es también de lo peor y más oneroso que podemos exhibir. Y en ambos casos abundan las duplicidades.
Para regir el transporte se ha recurrido a varios organismos que tienen atribuciones similares. En el sector eléctrico, para citar un ejemplo, la distribución de la energía está a cargo de tres burocracias iguales, que tienen jurisdicción regionalizada. Los distintos gobiernos han mantenido esta situación, y algunos hasta la han apuntalado. Ninguno ha querido asumir los costos políticos de anular paralelismos. Es obvio que a la hora de pretender una reforma fiscal hay que empezar por valorar la calidad del gasto público y suprimir el dispendio, pero aquí se habla de todo menos de las tantas repeticiones onerosas que se mantienen de las finanzas públicas, pero no garantizan la calidad de los servicios que manejan.

Otro paro  que afecta a  pobres

Los servicios de salud pública, destinados mayormente a los dominicanos más depauperados, han resultado afectados por varias causas, incluyendo la demora o paralización de la remodelación de decenas de centros asistenciales a nivel nacional, o por estar desabastecidos de cosas esenciales.
A esta situación se sumaría la huelga que, como protesta por el desacuerdo con el Gobierno, han convocado los médicos. Como es lógico, esta negación adicional de los servicios va a golpear a quienes no están en condiciones de pagar consultas. Ninguna huelga médica en este país ha implicado el cese total de consultas e internamientos en las clínicas privadas, en las que por lo regular prestan servicios los mismos médicos del sector público, que atienden allí a todo el que llega con cuartos en manos o un carnet de la seguridad social.