El mayor general Ejército Nacional Antonio Imbert Barrera, que en la madrugada del 31 de mayo pasado abandonara el mundo terrenal y el 30 de mayo de 1961 participara en la muerte del dictador Rafael Leónidas Trujillo, sufrió un atentado en la Semana Santa de 1967, en la esquina de la avenida Pedro Henríquez Ureña con capitán Eugenio de Marchena, del sector La Esperilla.

Imbert Barrera, único general vitalicio del país, murió en su residencia de la ciudad capital, una hora y 55 años después de la conmemoración del ajusticiamiento del tirano y meses antes de cumplirse medio siglo del atentado criminal en su contra.

“Eso fue la gente de Balaguer”, respondió lacónicamente el alto oficial al periodista y escritor Víctor Grimaldi en una entrevista que le hiciera el reputado comunicador en el año 1999. Después de esta respuesta el encuentro continuó amigablemente, pero en todo momento se obvió hablar sobre el atentado, que casi 50 años después permanece sin esclarecer.

Como rechazo al acto criminal el presidente Joaquín Balaguer, que había asumido el poder el primero de julio de 1966, nombró en la secretaria de Interior y Policía al otro superviviente del ajusticiamiento de Trujillo, el señor Luis Amiama Tió, a quien otorgó “amplios poderes” para que hiciera las investigaciones correspondientes y estableciera responsabilidades en la conjura contra Imbert.

Además el gobernante hizo pública una oferta de 25 mil pesos a la persona que ofreciera información que condujera al esclarecimiento del hecho.

Frente a las múltiples dificultades y la resistencia del alto mando militar y de colaboradores de Balaguer, un mes después de su designación Amiama Tió renunció de manera irrevocable al cargo “por los inconvenientes hallados para desempeñar mis labores con la responsabilidad que resiste esta elevada función”.

En la carta el héroe del 30 de mayo revela a Balaguer que el jefe de la Policía de la época, el general Ramón Soto Echavarría, “no me envió copia del interrogatorio hecho a un raso de la institución con relación al atentado”.

Otros que fueron investigados por la comisión designada al efecto fueron el oficial policial Caonabo Fernández y los civiles Luis Ruiz Trujillo, sobrino del dictador, y Salomón Sanz, todos fallecidos.

“El atentado contra Imbert Barrera no pudo ser esclarecido pese a los esfuerzos que hice para lograrlo, y es probable que sus autores formen parte aún de algunos de los cuerpos armados de la República”, afirma Balaguer en su libro Memorias de un Cortesano en la Era de Trujillo.

El expresidente fallecido agrega que “Una de las cosas más difíciles para un gobernante en un país como la República Dominicana es la de vencer la resistencia de los miembros de las instituciones castrenses que tienden a encubrirse los unos a los otros y en todo momento dan muestras de una impresionante solidaridad, cuando se trata de poner en claro la responsabilidad de algunos de ellos en actividades delictuosas”.

La trama contra Imbert Barrera se produjo el 21 de marzo de 1967 y el militar transitaba acompañado de uno de sus ayudantes, el exmayor del Ejército Marino García.

Los dos heridos fueron conducidos a la clínica Internacional, de la avenida México, donde acudieron familiares y amigos que se manifestaron contra la acción terrorista. El carro en que viajaba el general, placa oficial 39, recibió los impactos de una veintena de proyectiles en la parte delantera y en el lado izquierdo. El vidrio quedó totalmente destrozado.

Los dos sobrevivientes del ajusticiamiento de Trujillo, Imbert y Amiama Tió, permanecieron seis meses escondidos, burlando la tenaz persecución de las fuerzas castrenses y los cuerpos represivos.

El primero se refugió en la residencia de la familia Cavagliano, de origen italiano; y el segundo en la del Dr. Tabaré Alvarez Pereyra. Ambos salieron el sábado 2 y el domingo 3 de diciembre de 1961. Acompañado de su hermano Fernando, en horas de la mañana, don Luis se dirigió a las oficinas del general Pedro Rodríguez Echavarría, secretario de las Fuerzas Armadas, para una visita de cortesía.

En la ruta se le unió su amigo Jaime Guerrero Avila. Según narra el periodista Miguel Guerrero en su libro “Los Últimos días de la Era de Trujillo”, páginas 277-78, el militar los recibió fríamente, casi sin mirarles a la cara. Después de un intercambio de saludos, Rodríguez Echavarría señaló las pistolas calibre 45 que los hermanos Amiama Tió llevaban consigo.

“–Esas son armas de guerra… Amiama, y deben entregarlas” y, sin mediar palabras, Luis y Fernando se levantaron de sus asientos y se despidieron.

Guerrero Avila hubo de apresurar el paso para alcanzarlos. Una vez en casa, Luis dijo a Fernando que necesitaba tres mil pesos y éste (Fernando) acudió a la residencia de Marino Auffant y obtuvo el dinero.

Luis hizo llamar al nuevo jefe de la Policía, coronel Rubén Tapia Cessé y le dijo: “Necesito dos agentes de confianza. Tengo aquí tres mil pesos. Toma dos mil y búscame a esos hombres”. Luis situó a los dos policías en lugares estratégicos de su residencia y le comentó a Fernando que no entregaría su arma por nada del mundo.

Imbert, mientras tanto, cumplió una promesa hecha meses atrás al padre Marcial Silva y tan pronto salió de su escondite fue a la iglesia de San Miguel a oír misa, relata Guerrero en su obra.