Nieve Sanz, experta en política criminal, calificó de equivocada las estrategias para reducir la violencia de género porque detrás de ese fenómeno hay raíces muy arraigadas y una cultura machista que hay que trabajar, pero sus efectos no se verán hasta en 10 o 15 años.
“Un hombre que está dispuesto a matarse después de matar a su propia mujer, ¿tú crees que le sirve de algo una amenaza de condena de prisión de 10, 15, 20 o 30 años? obviamente que no”, expresó.
Sanz señaló que se trata de una serie de desviaciones enraizadas en la forma de pensar y vivir del hombre que el derecho penal no previene. “Y sin embargo los políticos acuden al derecho penal porque es muy rentable electoralmente salir en los medios de comunicación y decir: vamos a ser muy duro contra la violencia de género y van a ir más tiempo a la cárcel”.
Apunta que para esto es necesario diseñar una política criminal que defina intervenciones a nivel social, económico y cultural que tenga como objetivo prevenir el delito.
Plantea una política de igualdad entre los géneros, en el que la mujer sea independientemente económica y emocionalmente, de lo contrario el problema de violencia contra ella, no va a terminar.
Señaló que todos los países tienen leyes contra la violencia de género, pero no han disminuido los feminicidios. Incluso refirió que a veces las leyes penales son tan radicales y tienen un tratamiento desigual que está haciendo todo el efecto contrario a lo esperado.
Consideró preocupante que habrá generaciones de gente muy joven, produciendo e incrementando los casos de violencia. “Y todos esos ilusos que pensaban que esto era propio de generaciones pasadas o a punto de extinguirse, no es cierto porque habremos avanzado en muchas cosas, pero los patrones de que tiene que hacer la chica, el chico están igual o peor”.
A Sanz le preocupa una sexualización que inicia tan pronto en los jóvenes y plantea que además de educar a las chicas para que no se queden embarazadas, hay que educar a los chicos para que no las embaracen.

En cuanto al aborto, Sanz favorece su legalización, ya que el “ mayor acto de violencia del Estado es obligar a la mujer a ser madre si no quiere”. Es partidaria del sistema de plazo sin justificación, que tal como en su país España, otorga 14 semanas a la mujer para que pueda abortar si quiere, después de ese período, solo si hay complicaciones en la salud de la madre.