En las evaluaciones internacionales sobre la eficiencia de los sistemas educativos, República Dominicana consistentemente ha sido ubicada en los últimos lugares, incluso muy por debajo de países más pobres que nosotros.
Estos resultados se explican por el hecho de que el sistema educativo ha sido manejado en las últimas décadas por una dirigencia gubernamental a la que nunca le interesó la calidad de la enseñanza y cuyo objetivo fundamental consistía en que los niños pobres asistieran a una escuela pública a recibir unas escasas horas de clase.
Políticamente esto ha sido una solución plausible en razón de que los padres de los pobres no tienen la capacidad para evaluar el progreso educativo de sus hijos y que las clases medias y altas, de espaldas a la realidad de los grandes grupos de bajos ingresos, compran en los colegios privados la calidad de la enseñanza.
En esas circunstancias, en las que no existía un segmento electoral de importancia que reclamara la calidad educativa y la clase política siempre preocupada por las próximas elecciones y no por las nuevas generaciones, la escuela pública dominicana se desempeñó en un vacío político que permitió el avance de grupos ajenos a sus intereses y hemos arribado a la situación en la que se imparte clase en las aulas públicas cuando el gremio de profesores lo permite.