Atenas. El viceministro griego de Finanzas, Dimitris Mardas, afirmó hoy que el Estado cubrirá los 400 millones de euros que le faltan para satisfacer sus necesidades en este mes gracias a las aportaciones de algunas cajas de pensiones que se han ofrecido a prestar su dinero al Estado.

Mardas precisó que además de los préstamos de estas cajas se están manteniendo reuniones con dos compañías públicas de gas para que “contribuyan, si así lo quieren».

“Tuvimos unas reuniones y vamos a recibir el dinero, así que de acuerdo con lo que tenemos y lo que esperamos recaudar creemos que este problema estará solucionado”, destacó.

En declaraciones a la cadena privada de televisión “Mega”, Mardas había asegurado unas horas antes que Grecia está “al límite” desde febrero y de que para este mes tenía un agujero de 400 millones de euros.

Tras estas declaraciones, fuentes de la Oficina General de Contabilidad apuntaron que tal cantidad no hacía referencia al pago de salarios y pensiones, que para el mes de mayo está totalmente asegurado.

Los problemas de liquidez han sido el motivo que llevó al Gobierno a publicar el lunes un decreto que obliga a los organismos públicos a transferir sus reservas en efectivo al Banco de Grecia para prestárselas al Estado por un periodo máximo de 15 días, en lo que se conoce como operaciones de recompra (repos).

Se trata de un decreto ley que se votará hoy en el Parlamento a través de un procedimiento de urgencia, que permite poner en marcha una ley y que su votación sea posterior.

Las empresas estatales transfieren los fondos al Banco de Grecia y posteriormente el Estado se los devuelve al interés vigente de la entidad griega, actualmente un 2,5 %, frente al 1 % de la banca comercial.

Del decreto quedan explícitamente excluidos los fondos de pensiones y las empresas estatales que necesiten sus reservas en efectivo para pagos inmediatos, lo cual no excluye su participación voluntaria.

Esta operación ha levantado un aluvión de críticas entre los municipios, que aprobaron ayer una resolución en la que se niegan a desembolsar fondo alguno, por lo menos hasta que haya una decisión formal en una asamblea.

Entre las entidades que han prestado ya dinero figura el Metro de Atenas, con 150 millones de euros, la prefectura de Ática, que transfirió 110 millones, o la Agencia de Empleo, que prestó al Estado 80 millones.