PC dice Danilo incumple mayoría de compromisos por transparencia e institucionalidad

Participación Ciudadana (PC) señaló hoy que el  presidente Danilo Medina y su gabinete incumplen siete de nueve medidas contenidas en el Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad firmado por él.

Indican que así lo determina un monitoreo al protocolo que refiere que 77% de las medidas no han sido incumplidas y que sólo el 22% se encuentra en proceso de implementación.

El Protocolo por la Transparencia e Institucionalidad  contiene 21 compromisos fundamentados en Convenciones Internacionales contra la Corrupción, la Constitución  de la República y las leyes  vigentes.

«Hoy martes primero  de julio presentamos el Segundo Informe, en el cual  se incluyen sólo las medidas  de las que se dispone de información objetiva y cuyo cumplimiento depende fundamentalmente de la voluntad política del compromisario, el presidente Danilo Medina y su gabinete», dice PC.

1)    Se ha producido un retroceso en la transparencia de muchas instituciones. Informaciones que antes estaban disponibles han desaparecido de las páginas web, como es el caso de la nómina pública. Por esta razón, es difícil monitorear aspectos relevantes a los que se comprometió el Presidente, como la disminución al alto número de viceministerios, la eliminación de cargos  superfluos y el control de los gastos de personal.

2)    La creación de la Cuenta  Única del Tesoro (CUT) a la fecha, el proceso de creación no ha sido completado, aunque debe reconocerse que se han realizado esfuerzos para lograr ese objetivo. No obstante seguimos estancados en la incorporación de las instituciones del Gobierno Central y sobre todo para incorporar las instituciones públicas descentralizadas y autónomas.

3)    Las medidas realizadas de eliminación de estructuras orgánicas infuncionales,  no son significativas y aún se mantienen duplicidades innecesarias como por ejemplo entre  el Ministerio de Obras Públicas y la Oficina de Ingenieros Supervisores de Obras del Estado, así como también las que existen en el sector del transporte público, en el sector de la vivienda,  en el área del sector social, entre otros.

4)    El Presidente ha mantenido el nombramiento de viceministros dentro del marco de los máximos establecidos por la ley, se conoce que los que ocupaban esas posiciones en el anterior gobierno han sido transferidos a otras posiciones con iguales o mayores rangos salariales.

5)    Hasta la fecha no se observan iniciativas para la aprobación e implementación de la Ley de Carrera Especial Diplomática y Consular. En la nómina del MIREX, no se  manifiesta una voluntad del Presidente de la República Dominicana de cumplir con la medida 9, para que “el servicio exterior transite por el camino de la profesionalización de las funciones diplomática y consular”.

6)    La independencia funcional del Ministerio Público  ha sido cuestionada particularmente en los casos de denuncias y querellas  por actos de corrupción de alta notoriedad, al decidir archivar los expedientes  sin realizar investigación.

7)    La Dirección General de Ética e Integridad Gubernamental (DIGEIG), ni la Procuraduría General de la República han rendido un informe sobre la verificación de las declaraciones juradas, lo que nos obliga a concluir que en ninguna instancia del Estado se realiza algún ejercicio de investigación sobre los bienes declarados por los funcionarios públicos.

8)    Se evidencia el incumplimiento de la Ley de Declaración Jurada de Bienes, el órgano responsable de la  Procuraduría General de la República, no realiza una comprobación y  verificación del contenido de las declaraciones, como estableció el compromiso asumido por el Presidente cuando firmó el Protocolo por la Transparencia y la Institucionalidad, el cual  concertó  un plazo de 120 días para presentar los resultados de la verificación.

9)    El Presidente se comprometió a impulsar la aprobación de una legislación que tipifique y castigue el enriquecimiento ilícito y que invierta el fardo de la prueba cuando se genera patrimonio cuyo origen lícito se desconoce y cursa un proyecto de ley en discusión en el Congreso que cubre ambos aspectos, pero el mismo se encuentra en una carretera de doble vía entre ambos hemiciclos y tiene ya muchos años dando vueltas entre ambas cámaras sin llegar a una aprobación final.

10)   Las acciones y políticas de prevención para evitar violaciones del régimen ético de los servidores públicos se puede constatar, en el lanzamiento a destiempo de dos Ministros a la actividad política partidista en violación al art. 80  de la Ley No. 41-08, que prohíbe a los funcionarios públicos  a “servir intereses de partidos en el ejercicio de sus funciones, y en consecuencia, organizar o dirigir demostraciones, pronunciar discursos partidistas, distribuir propaganda de carácter político.” En tal sentido, no se percibe interés del Jefe de la Administración Pública de subordinar a sus subalternos a la Constitución y a la ley, ni mucho menos a la sujeción del régimen de consecuencias establecido en la Ley No. 41-08.

11)    Es significativa la cantidad de instituciones que manejan cuantiosos recursos y que se niegan a someterse a la supervisión y control de la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, como es el caso de la Junta Central Electoral. Es necesario que el presidente Medina manifieste contundentemente su voluntad de que se avance en el cumplimiento de la Ley No. 340-06, la cual incluye a todas las instituciones que manejan recursos públicos centralizadas o descentralizadas.

12)   Está pendiente la decisión del Gobierno de terminar con los conflictos de intereses que dominan las compras y contrataciones públicas. Es ampliamente conocido que numerosos funcionarios y servidores públicos son propietarios de empresas que negocian con el Estado, constituyéndose esta en una de las principales fuentes de enriquecimiento ilícito y de pago de favores políticos y mutuo  encubrimiento entre copartidarios.

13)  En lo relacionado a la Dirección General de Compras y Contrataciones Públicas, pueden destacarse progresos en la organización, en el registro de proveedores y la capacitación de los mismos para el cumplimiento de la normativa y la agilización de los procesos. Sin embargo, aún existen debilidades en los mecanismos de prevención de conflictos de intereses, de manera particular en la verificación de la información del Registro de Proveedores,  de manera que pueda identificarse quienes no podrán ser oferentes ni contratar con el Estado, de una manera ágil, contribuyendo con la prevención de la corrupción.