La denuncia sobre cómo la facción minoritaria del PRD reparte entre sus seguidores los recursos que los contribuyentes aportamos a los partidos y la auto asignación de 13 millones de pesos que se hicieron los diputados, a excepción de cinco de ellos, para usarlos discrecionalmente durante el feriado de Semana Santa, obliga a un necesario establecimiento de la responsabilidad de las direcciones partidarias en esas y otras formas de corrupción.

La lista, monto del dinero entregado, la justificación y nombres de los principales beneficiarios del reparto de los dineros públicos de parte del jefe de la referida facción, evidencia no sólo una aberrante forma de corrupción de la política dominicana, sino de nuestra sociedad. Es una nómina donde se cobra por pertenecer a la facción y por trabajos profesionales a la misma, vale decir, es una agencia de empleos para hacer trabajos para esa facción particular, financiada con dineros públicos.

Aparecen personeros de programas de radio y televisión al servicio de los gobiernos del PLD y del grupo minoritario del PRD, abogados que trafican con sentencias para empresas privadas y que preparan las del Tribunal Superior Electoral para favorecer a ese sector. Cobran dos veces, por ser militante de éste y por sus trabajos “profesionales” a favor del mismo en las sesiones del TSE donde se conocen las demandas de justicia que a éste le reclama el grupo mayoritario del PRD.

También se encuentran libres profesionales que participan del negocio, vendiendo sus servicios como empresas privadas a un grupo político, al cual pertenecen y que se nutre de dinero público. En fin, es una demostración de ese perverso entramado de relaciones política/empresarial que ha establecido en el país un vasto sector de la clase política, desdibujando la necesaria separación entre lo público y lo privado, con nefastas consecuencias para la política, la economía y para todas las esferas de la vida social dominicana.

Como lo es también, la bochornosa auto repartición de 13 millones de pesos entre prácticamente todos los diputados en el pasado feriado de semana santa. A esa dolosa acción de reparto de bienes públicos con fines privados, que es recurrente diversas festividades nacionales, entre otras canonjías, se suman los repudiados y repudiables cofrecitos y barrilitos de estos legisladores y de los senadores, mientras que los partidos y los jefes de las facciones a las cuales estos pertenecen mantienen un silencio cómplice que los incrimina.

Ninguno de los principales dirigentes del PLD, del PRSC, ni de los sectores que se disputan el PRD, han logrado imponerse para ponerle fin a esa práctica propia de una asociación de malhechores cualquiera. Y es que en el reparto de la cosa pública que se hacen estos legisladores, como también algunas autoridades municipales, han establecido su independencia relativa frente a sus direcciones partidarias, a la cual estas se han avenido, evidenciando su falta de autoridad, convivencia y responsabilidad con esa forma de corrupción.

Esa circunstancia podría estar vinculada al relativo limitado rechazo de importantes sectores al uso y abuso que hace Vargas de las siglas del PRD, con el sostenimiento y legalización de Leonel, básicamente, a través del TSE y la JCE.