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Tal y como nosotros lo apreciamos, el Pacto Nacional para la Reforma Educativa no es más que un proyecto audaz y progresivo con miras a hacer que nuestro sistema de instrucción pública responda a los cambios rápidos y de largo alcance que están teniendo lugar en el entorno socio-económico, cultural y político de muchos regiones del mundo, incluyendo la América española y el Caribe. ¿Cuál será el resultado de sus diversas innovaciones? No lo sabemos con certeza, lo que no nos impide el estar seguros de que en el trascurso de su desarrollo hará falta introducir numerosas correcciones, y, sobre todo, ejercer un control y evaluación continuas de su avance y de su progreso, tal y como en principio lo programamos: pero, que no se está llevando a cabo con la celeridad que el caso requiere. Es que, en última instancia, el éxito de la materialización de un proyecto como ése dependerá en gran medida de la predisposición de las autoridades del sector a compartir sus poderes con los de los cuerpos directivos de las universidades y de unas que otras agrupaciones de la sociedad civil.

En esta fase de la aplicación del Pacto Nacional para la Reforma Educativa, resultaría prematuro formular ningún juicio u opinión sobre si los requisitos expuestos en el párrafo anterior llegarán a prevalecer y se superarán los obstáculos que real o en potencia existan. No obstante, tenemos la impresión de que, a pesar de las numerosas reservas expresadas por maestros de reconocido renombre, la puesta en práctica de dicho Pacto ha tenido un inicio esperanzador. Pero, el hecho de que la comunidad integrada por técnicos, gestores y expertos en materia de educación esté tan dividida en relación con algunos aspectos de la reforma, limita nuestro optimismo.

En las mesas de discusiones del Pacto Nacional para la Reforma Educativa todos estuvimos de acuerdo en que era preciso avanzar en la regulación y mejora de la formación y capacitación del profesorado, ajustándola a las demandas reales de la profesión; también, en reformar las escuelas y las facultades de educación, y en desarrollar iniciativas que prestigien al profesorado y mejoren su valoración social. Y, sobre todo, en evitar repetir los errores del pasado como el de exagerar la enseñanza de las didácticas en perjuicio de los contenidos de las asignaturas. Nos mostramos dispuestos a abrir cause de expresión que permitieran reconocen la valía de cientos de nuestros maestros. Pero, disentimos en la manera de lograrlo. Unos plantearon el desarrollo de todas esas actividades sin restarle atribuciones a las escuelas y facultades de educación; otros, que fueran los departamentos y facultades de ciencias las que se ocuparan de la formación y capacitación de maestros de nivel medio. Creemos que la mejor manera de superar ese impase es convocar a un seminario nacional para discutir de nuevo ése y otros temas.

En la época en que vivimos de cambios acelerados, las universidades y demás instituciones de educación superior pueden realizar importantes aportaciones al avance y progreso de la sociedad, claro está, siempre que se les dote de los recursos y la libertad de acción necesaria. La Universidad Autónoma de Santo Domingo, con una población cercana a los 200 mil estudiantes matriculados, atendida por menos de 4 mil profesores, no se ha quedado en el pasado sino que ha evolucionado a través de importante trasformaciones. Para poder satisfacer todas sus necesidades, la UASD está solicitando del Poder Ejecutivo un presupuesto de 9 mil 800 millones para el año 2016, alrededor de 3 mil millones de pesos más que el devengado este año a punto de finalizar. En otra entrega, analizaremos detenidamente hasta donde afectaría los resultados del Pacto Nacional para la Reforma Educativa el hecho de que la UASD no lograra obtener para el año 2016 el monto de presupuesto que solicita.