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El presidente Donald Trump dijo que su promesa electoral de construir un muro a lo largo de la frontera sur de Estados Unidos con México es una propuesta de todo o nada, luego que un tribunal despejara el camino para la construcción de una parte de la barrera.
“He decidido que las secciones del muro que California quiere construir ahora no se construirán hasta que se apruebe todo el Muro”, dijo Trump en Twitter el miércoles. “Gran victoria ayer con el fallo de los tribunales que nos permite proceder. ¡Nuestro país debe tener seguridad fronteriza!”, señaló.
El comentario del presidente llega un día después de que un juez federal, acusado por el entonces candidato Trump de estar predispuesto en su contra por ser “mexicano” y de ser un “resentido”, allanó el camino para la construcción de una sección de cerca de 14 millas (22,5 kilómetros) cerca de San Diego.
El juez de distrito de EE.UU. Gonzalo Curiel, en San Diego, se alineó el martes con el Departamento de Seguridad Nacional, y reafirmó la potestad bajo la ley federal de inmigración para renunciar al cumplimiento de las leyes de protección ambiental porque esa sección “ya no es óptima para las operaciones de patrullaje fronterizo”.
Los grupos de defensa ambiental y California alegaron en los expedientes judiciales que la ley de inmigración de 1996 es inconstitucional. También afirmaron que la falta de revisiones medioambientales pondría en riesgo las especies en peligro de extinción, entre ellas la mariposa “Checkerspot Quino” y el arbusto franela, y que los funcionarios federales no consultaron, según procediera, con el estado y otras partes afectadas.
La promesa de Trump de hacer que México pague miles de millones de dólares por un muro para detener la inmigración ilegal fue una parte central de su campaña presidencial. México ha dicho en reiteradas ocasiones que pagar por el muro es imposible y el presidente mexicano, Enrique Peña Nieto, canceló recientemente un viaje a Washington luego de una llamada telefónica con Trump.
Curiel es el juez en San Diego que presidió en 2016 un acuerdo de US$25 millones para miles de estudiantes que demandaron al entonces candidato y su Universidad Trump por lo que dijeron eran declaraciones falsas y publicidad engañosa sobre los beneficios de la escuela, que no estaba acreditada.
