Los partidarios de la reelección presidencial han ganado la partida a costa de hacer la Constitución del país vulnerable a los apetitos de los políticos. La decisión es el resultado del arreglo de la pugna interna en el PLD, por un lado, y acuerdos con el PRD y el PRSC. El libreto no contiene nada destinado a fortalecer la evidentemente frágil institucionalidad del país, fragilidad que estimula que los partidos pisoteen su propia democracia interna al privar de sus derechos a muchos aspirantes a cargos electivos.

Pero eso no es todo. La misma posición dominante que ha restablecido la reelección presidencial se apresta a hacer nuevas modificaciones a la Constitución, para cumplir cláusulas de los acuerdos entre el partido en el poder y grupos opositores para validar la reelección. No descartemos, pues, cambios en el número de legisladores por cantidad de habitantes de las provincias o nuevos fraccionamientos del territorio nacional, entre otras disposiciones.

De nuevo queda en evidencia que los partidos políticos se juegan el crédito público que deberían robustecer, incurriendo en concertaciones que debilitan la institucionalidad, pero que les garantizan alcanzar posiciones de poder o preservar las que ya tienen. No es casual que en más de una década haya sido imposible un consenso que permitiera dotar al país de una bien concebida Ley de Partidos Políticos.

DESORDEN ORGANIZADO

La condición de padre de familia es una especie de patente de impunidad que permite a muchos violentar el orden social y ponerlo a favor de sus necesidades o intereses. La sociedad funciona en un caos que se ha convertido en orden a fuerza de costumbre. Los vendedores han tomado aceras, la parte baja de elevados y hasta puentes peatonales, y ninguna autoridad se mete con ellos. Los cruces de la calle París con Jacinto de la Concha, Duarte, José Martí, Juana Saltitopa y Doctor Betances son el ejemplo más patético de un caos organizado al que ninguna autoridad le ha hecho frente.

Por todas partes hay talleres, colmadones, paradas de taxis y guaguas y otros negocios que ocupan los espacios públicos en perjuicio de los ciudadanos. Las autoridades le temen a los costos políticos de imponer el orden y hacer respetar las leyes.