Julio A. Vargas Jiménez 
La República Dominicana posee un marco jurídico halagado en múltiples ocasiones por la gran cantidad de leyes que exhibe y las regulaciones establecidas, aunque otros aseguran que este debe ser actualizado y adaptado a los nuevos tiempos para lograr condena más efectivas en casos específicos.
Este es un sentimiento que parece crecer en el ámbito penal al conocerse algunos casos de asesinato e incluso de feminicidios. En la actualidad el Código Penal de la República Dominicana establece una condena máxima de 30 años para crímenes como los homicidios, y esta pena no es acumulativa, es decir, no importa si el acusado les quita la vida a una o más personas, este solo será condenado solo a 30 años como pena máxima.
En algunos casos se han visto penas de 35 o hasta 40 años, pero estos cuentan con sus propias condiciones únicas que fueron consideradas a la hora de emitir un juicio por parte de las autoridades y que deben ser analizadas por separado.
Fausto Miguel Cruz de la Mota
Recientemente, el Ministerio Público obtuvo una condena de 30 años contra Fausto Miguel Cruz de la Mota, alias, “Carandai”, el confeso asesino del ministro de medio ambiente y recursos naturales Orlando Jorge Mera. El fallecimiento del funcionario sacudió a la sociedad dominicana en cuyo ideario común no veía la posibilidad de que algo así pasara.
A pesar de que en este caso la justicia dominicana actuó como todos esperaban que lo hiciera, con una celeridad poco común en el sistema, según algunos, apegada a lo establecido en los códigos Penal y Procesal Penal que rigen la materia en el país fueron muchos los que se quedaron deseando una condena más severa.
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Sobre la condena
Algunos incluso manifestaron sus consideraciones de que en el país “Debiese existir cadena perpetua”, como publicó la primera dama, Raquel Arbaje, en su cuenta de Twitter a las 11:50 a.m. del pasado miércoles de este mes.
Marlon y Marlin Martínez
Un caso en el que, quizá, la justicia dominicana no fue tan veloz ni tan severa como los ciudadanos esperaban es el del asesinato de la adolescente, Emely Peguero, quien fue ultimada estando embarazada a manos de quien en ese momento era su pareja, Marlon Martínez, en circunstancias que aún no quedan del todo claras para la sociedad.
Sin embargo, Marlon Martínez fue condenado a 30 años de prisión, pena ratificada por la Suprema Corte de Justicia (SCJ) en 2020, por homicidio y aborto, un hecho que fue calificado como acto de barbarie por el Ministerio Público.
Pero, ¿por qué el descontento con la decisión? El pueblo de San Francisco de Macorís, provincia Duarte, protestó en sus calles en rechazo a la pena impuesta a Marlin Martínez, la madre de Marlon, condenada a cinco años de cárcel acusada solo de ocultar el cadáver y sustracción de menores; el pueblo entendió que Marlin fue parte importante y directa en la comisión del delito.
Mientras se conocía el juicio en San Francisco de Macorís los ciudadanos esperaban a las afueras del Palacio de Justicia, y varios vociferaban que no querían que la condenaran, sino que, la dejaran libre para hacer justicia por sus propias manos una vez que conocieron el máximo de años a los que podía ser condenada la mujer.
El proceso contra los acusados en este caso también se realizó en un tiempo relativamente corto para los estándares del sistema.
Víctor Alexander Portorreal
Al igual, que en los casos anteriores el asesinato de una madre y sus tres hijos, dos hembras, que fueron violadas sexualmente, y un varón indignó y conmocionó a la sociedad dominicana. El acusado -y posteriormente encontrado culpable de los cargos- fue Víctor Alexander Portorreal, alias, “Chamán Chacra” quien era pareja de Reyna Isabel Encarnación.
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El hombre mató a la mujer y sus tres hijos en una vivienda que compartían en un callejón del kilómetro 8 de la carretera Sánchez de esta ciudad. La acusación del Ministerio Público indicó que Portorreal tomó la decisión luego de que Encarnación le reclamara por abusar sexualmente de su hija de seis años.
El proceso contra Víctor Alexander Portorreal duró 11 meses en los tribunales y terminó con una condena de 30 años de prisión que deben ser cumplidos en la cárcel de San Pedro de Macorís, al Este del país.
De Portorreal se emitieron muchas opiniones en los medios de comunicación, las redes sociales y en las esquinas donde algunos se aventuraban a pedir que se estableciera la pena de muerte para aplicársela al acusado, otros solo se limitaron a pedir cadena perpetua contra “Chamán Chacra”.
Mario José Redondo Llenas y Juan Manuel Moliné Rodríguez
Mario José Redondo Llenas, de 19 años, y Juan Manuel Moliné Rodríguez, de 18 años, dos jóvenes de clase social media alta se convirtieron en mayo de 1996 en los antagonistas de uno de los crímenes que más han trastocado a la sociedad dominicana con un niño de apenas 12 años como víctima.
La historia es ya bastante conocida pues se ha contado a través de los años a las nuevas generaciones y el caso ha servido para que los padres expliquen a sus hijos porque no siempre le dan la libertad para salir divertirse o recrearse con algunos amigos y familiares, este fue el crimen que le enseñó a los dominicanos a desconfiar incluso de algunos miembros de la familia.
El cuerpo del menor, José Rafael Llenas Aybar, fue encontrado con 34 heridas de arma corto-punzante en el Arroyo Lebrón, a la altura del kilómetro 24 de la Autopista Duarte, cerca de la finca de la familia de la ex embajadora de Argentina, Teresa Meccía de Palmas, luego de que 24 horas antes su primo hermano Mario José Redondo Llenas lo reportara como desaparecido tras salir con él y Moliné a ver una supuesta exposición de motores en un supermercado.
Ahora, en 2023 uno de los acusados se encuentra libre, pues ya pagó su deuda con la sociedad según el sistema de justicia que opera en el país. Juan Manuel Moliné Rodríguez, condenado a 20 años, pena que cumplió en 2016 cuando salió de la cárcel y desde entonces la opinión pública le perdió el rastro.
Redondo Llenas fue condenado a 30 años de cárcel y podrá salir en tres años al cumplir su condena.
La muerte del menor aún envuelve muchos misterios y teorías que no han sido posible desmentir o confirmar debido al silencio de la familia, pero lo cierto es que a pesar de que se logró condenas en contra de los acusados la sociedad dominicana aún sangra la herida de este caso y manifiesta un sinsabor de boca por el resultado final.
Lo cierto es que a pesar de que en los casos mencionados se han obtenido condenas contras los acusados y que la mayoría no ha tomado más de uno o dos años en los tribunales. La justicia ha actuado apegada a lo que se establece en las propias normativas que la rigen y no ha ejecutado acciones populistas como de las que se le acusa en tantos otros casos conocidos en la sociedad dominicana evitando así el sensacionalismo y dando testimonio de que el sistema no es perfecto pero sí puede ser funcional.
