Expertos ven necesaria ley extinción dominio para lucha contra crimen

Expertos ven necesaria ley extinción  dominio para lucha contra crimen

La ley de extinción de dominio es de vital importancia, porque sería un instrumento legal fundamental para luchar de forma efectiva contra el crimen organizado y la corrupción, tanto en el ámbito público como en el privado.

Así fue afirmado ayer en el panel “proyecto de ley de extinción de dominio”, organizada por la Escuela de Derecho de la Universidad Católica Santo Domingo (UCSD) y en que participaron como ponentes el senador Pedro Catrain Bonilla y los abogados consultores Olivo Rodríguez Huertas y Eric Raful.

Catrain Bonilla, también presidente de la comisión bicameral que estudia el proyecto en el Congreso Nacional, afirmó que la necesidad de la norma radica en que sería un mecanismo que el Estado usaría para para recuperar bienes ilícitos, provenientes de corrupción y narcotráfico.

Sin embargo, entiende que la normativa debe contemplar garantía clara, respecto al debido proceso, para evitar afectar derechos ciudadanos.

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De su lado, Eric Raful señaló que además de que es un mandato constitucional es un instrumento de vital importancia, con el que la política criminal debe contar para perseguir el crimen organizado.

Mientras que Rodríguez Huertas, exembajador en España, coincidió en lo necesario de contar con la ley, pero advirtió que su aprobación no significa que de inmediato serían recuperado los bienes robados o de actuaciones ilícitas, ya que eso conlleva un proceso.

Sin embargo, cree que experiencias negativa que el país ha tenido, sobre todo en relación a narcotraficantes, que luego de ser extraditados a los Estados Unidos y logran allí un acuerdo y condenas leves, regresan al país a disfrutar de sus bienes ilícitos.

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Proyecto tiene 12 años en el debate

A la actividad, moderada por Gustavo de los Santos, director de la Escuela de Derecho, asistieron abogados, profesores de la academia y estudiantes de derecho, que hicieron preguntas y expresaron sus opiniones y sus puntos de vista en relación a ese instrumento legal, que tiene 12 años en debate y no ha logrado ser consensuado.