El proselitismo electoral prematuro que quebranta las reglas del juego merece pronunciamientos ciudadanos de desaprobación tomando en cuenta el vacío de herramientas legales que mantiene a la Junta Central Electoral sin capacidad para la sanción. Los partidos políticos que insistieran en desconocer las normativas de rigor para que los procesos comiciales discurran por fases bien delimitadas, como procede, estarían descalificándose como escapados de disciplina.
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De ellos hablaría mal su impaciente y ruidosa actuación en espacios públicos para apoderarse de la atención de potenciales votantes, dejando atrás a eventuales competidores que respetan los límites; de escaso número, por cierto, ahora que los pronunciamientos reeleccionistas asoman en actos oficiales y la propaganda directa e indirecta del mismo tinte y diversidad de vías es parte de las urgencias que se apodera del país político. Una promoción de aspiraciones que tras el pistoletazo santiaguero del continuismo haría imposible diferenciar en cada escenario o incumbencia de su incesante gestión al presidente Luis Abinader del candidato virtual que ya es.
Razonablemente, tiene que aceptarse que los políticos actúen como tales en todo momento, con exhibición incluso de las ansias de poder que suelen serles inagotables; pero el activismo sin cuartel y de intensa presencia en escenarios preponderantes tiene que estar reservado a los períodos que con fines igualitarios y programáticos fija la ley.