Quisimos presentar en esta entrega de nuestra columna las Sucesiones Indivisas, porque en nuestro ejercicio profesional observamos, una gran carencia de conocimientos relativos al Impuesto sobre la Renta de la Sucesiones en la República Dominicana, debido a nuestro entender como coloquialmente se usa.

La Cámara de Senadores de la República Dominicana aprobó en primera lectura un proyecto de ley tendiente a suprimir todas las exenciones, pero es vieja la disposición en contra de estas, basada en una falsa creencia que el fisco recibiría lo dejado de pagar por las empresas que gozan de dichas exenciones.

Se necesitan recursos imprescindibles para el gasto público y para impulsar el desarrollo del país, postergados por siglos, que ahora, todo indica un renacer, que debemos rendirle pleitesía colaborativa, pero en esta debe prevalecer la razonabilidad para que el remedio no resulte peor que la enfermedad.

Los Inventarios de Mercancías para la venta constituyen la cuenta más trascendente de los Estados Financieros de toda empresa comercial, porque es de la que se producen los valores agregados, que es la base para aplicar las alícuotas pagaderas por conceptos de tributos, por tal razón, ha sido correcta la Norma 09-2021, dictada el 18 de octubre del 2021.

Tal como hemos dicho muchas veces, nuestro Sistema Tributario es esencialmente territorial, es decir, que solo grava los hechos acaecidos en la República Dominicana y por lo tanto, no alcanza hechos fuera del ámbito nacional.

Se sigue insistiendo en la necesidad de llevar a cabo una reforma tributaria, por parte de muchos entendidos, pero algunos periódicos informan que el Gobierno prepara el Presupuesto para el 2022 sin realizar esta Reforma Fiscal.

Mediante la Ley Num.173/07 de Eficiencia Recaudatoria, se estableció un tributo a toda transferencia inmobiliaria del 3% del valor envuelto, el que a nuestro entender, es más bien una tasa, ya que resulta una contraprestación por el servicio ofrecido por el Estado, que no puede darlo ningún particular, nos referimos a expedir el título garantizador de la propiedad inmobiliaria .

Sabemos que se impone una Reforma Tributaria, porque con las crisis que vive el Mundo por la COVID-19 y reconociendo la ingente labor que para combatirla está haciendo nuestro Gobierno, dando demostraciones palpables hasta para muchos opositores. Pero esta no es suficiente para enfrentar con buen éxito la deuda social heredada de siglos.

Mediante la ley número 173/07 de Eficiencia Recaudatoria se estableció un tributo a toda transferencia inmobiliaria del 3% del valor envuelto, el que a nuestro entender es más bien una tasa, ya que resulta una contraprestación por el servicio ofrecido por el Estado, que no puede darlo ningún particular, Nos referimos a expedir el título garantizador de la propiedad inmobiliaria.

Es incuestionable que el Estado Dominicano requiere más recursos, pero debemos descontinuar la costumbre de recurrir a lo más fácil, en aplicación del principio técnico tributario que preconiza “ mientras más injusto es un tributo más fácil es su recaudación.”


Los estados ejercen sus actividades financieras sin cortapisas, incluyendo en ellas operaciones comerciales, a veces compelidos por sus deberes de salvaguardar del bienestar público, como por ejemplo regular los precios de los productos que conforman la canasta familiar. En estos casos naturalmente, la ejerce sin fines de lucro, lo contrario sucedió al confiscar los bienes de la tiranía.

Todo parece indicar que el pacto fiscal será firmado relativamente pronto, aunque debemos recordar que hay muchos obstáculos pendientes por vencer, por lo cual queremos aprovechar esta brillante oportunidad para ofrecer como ciudadano de la República Dominicana nuestra cooperación.

Es incuestionable que las Alianzas Público-privadas son una declaración oportuna de buenas intenciones del Poder Público tendentes a crear la estrategia requerida para la superación de la crisis originada por la pandemia, ya que como secuela de esta, nuestra economía, como en todo el mundo

Las Leyes de revalorización y Amnistía fueron reincorporadas mediante la número 07-21, la cual otorgó un nuevo plazo para aprovechar las facilidades concedidas por ambas legislaciones y que fue promulgada y publicada en la Gaceta Oficial el 20 de febrero.