El 7 de julio de 1978 la Junta Central Electoral (JCE) emitió su tristemente célebre “fallo histórico”, que despojó al Partido Revolucionario Dominicano (PRD) de cinco puestos legislativos que había ganado en las elecciones del 16 de mayo para favorecer al oficialista Partido Reformista, dirigido por el presidente Joaquín Balaguer, que seguiría con el control del Senado, los organismos judiciales y dicho tribunal, pese al revés que acababa de sufrir.

Este veredicto ignoró la opinión del doctor Alfredo Conde Pausas, expresidente de la Suprema Corte de Justicia, quien pocas horas antes había recomendado legitimar el resultado electoral divulgado el viernes 26 de mayo por el presidente de la JCE, licenciado Manuel Joaquín Castillo, que mostraba al partido blanco como ganador de la mayoría de los municipios por haber superado a su más cercano contendiente con más de 150 mil votos.

Se trató de una resolución administrativa que fue objetada por el jurisconsulto y estadista licenciado Rafael Filiberto Bonnelly Fondeur, que la calificó de “esperpento jurídico”, dado que reñía con la Constitución de la República en el párrafo que declara el ejercicio del voto como un acto personal, secreto e intransferible.

Esa disposición suscitó el rechazo de los abogados Ramón Tapia Espinal, Jottin Cury Elías, Mario Read Vittini y Salvador Jorge Blanco (presidente del PRD), quienes consideraron que la JCE carecía de autoridad legal para adjudicar cargos electivos a cualquier organización política en base al conteo de una porción de la abstención electoral, como lo hizo con las senadurías de las provincias de El Seibo, La Altagracia, Baoruco y María Trinidad Sánchez otorgadas al Partido Reformista.

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Los citados juristas reprocharon que se despojara del triunfo a los aspirantes a senadores Iván Amílkar Rondón Sánchez, Cástor Ramón Feliú Pepén, Néstor Matos Herasme y Rosa Julia de la Cruz Ortiz, así como a Rafael Rivera, cuya curul de diputado fue cedida al reformista seibano Alejandro Laureano Ramírez.

También censuraron que el presidente Balaguer estuviese justificando la emisión de esa controversial medida, diciendo que “defectuosa o no, evita la prolongación de un diferendo político que hubiera afectado seriamente a la larga la economía nacional y que habría hecho correr graves riesgos al régimen constitucional de que actualmente disfrutamos”.

Según el jefe del Estado, el fallo histórico fue dictado “con un sentido más patriótico que jurídico” por ser lo “que más conviene al propio presidente electo, porque este tendrá en el ejercicio de su cargo, no en una sino en muchas ocasiones, el concurso de una fuerza política independiente, que le permita controlar los excesos de los grupos radicalizados que operan en la agrupación política que lo han llevado al poder”.
Balaguer precisó que esa decisión “aunque sea monstruosa en su aspecto jurídico, conviene al país, porque pone fin a una crisis peligrosa, porque salva la constitucionalidad y porque abre finalmente las puertas a una colaboración estrecha entre las dos fuerzas mayoritarias de la República”.

Argumentó que la apoyaba “como apoyó el doctor José Dolores Alfonseca la Convención Dominico-Americana de 1907 cuando desde su banca del Congreso extendió la mano y pronunció estas palabras que ha recogido con estupor la historia: “voto por esa iniquidad”.

Para el derrotado mandatario, la iniquidad de aquella convención “consistía en que ese documento internacional cercenó la soberanía nacional poniendo nuestras aduanas en manos de un receptor de nacionalidad norteamericana, porque dio en su artículo tercero carta abierta al Gobierno de los Estados Unidos para su intervención en los asuntos internos de nuestro país”.

A su juicio, esa sentencia “no obstante ser una iniquidad, permitía al país salir de las deudas internacionales que lo agobiaron como consecuencia de los desaciertos de las administraciones anteriores a la del presidente Cáceres” y buscaba “sacarlo de la anarquía económica” y “evitar, tal vez, que se hundiera definitivamente en un caos financiero”.

Origen de la crisis y fallo histórico

La crisis electoral fue precedida de una peligrosa incursión militar en la sede de la Junta Central Electoral en la madrugada del 17 de mayo y de la denuncia de «graves irregularidades» en los comicios, planteada al día siguiente en la noche por el presidente Balaguer, en una alocución radiada y televisada que abordó la supuesta inefectividad de la resolución puesta en marcha por las autoridades electorales poco antes de las votaciones para permitir a los ciudadanos sufragar en las mesas de sus residencias aun cuando sus nombres no figuraran en las listas de electores.

De acuerdo con el líder reformista, esa autorización se conoció tardíamente en la zona rural, donde residía la mayor parte de sus seguidores y dejó como resultado que alrededor de 500 mil personas no pudieran “ejercer el más alto y el más sagrado de todos los derechos consagrados por la Constitución: el de elegir y el de ser elegidos”.

Recriminó a sus parciales por estar lamentando su pobre defensa del voto en las urnas y comparó sus sollozos con los del profeta Jeremías en el libro bíblico de Lamentaciones y con los del rey Boabdil el Chico cuando se producía la caída del emirato islámico de Granada, tomado por el ejército español de los Reyes Católicos el 2 de enero de 1492, motivando que la sultana Aixa, madre del monarca vencido, pronunciara la frase: “Llora como mujer lo que no supiste defender como hombre”.

La queja de Balaguer estuvo precedida del apresamiento del empresario y productor de radio Rafael Corporán de los Santos, quien fue detenido durante la mañana del 18 de mayo y mantenido siete días encerrado en una celda ubicada en el sótano del Palacio de la Policía Nacional, acusado de imprimir cuatro millones 200 mil boletas del partido blanco.

Casi al instante de ese episodio, el Partido Reformista impugnó los resultados electorales en 44 municipios y recusó al licenciado Manuel Joaquín Castillo, presidente titular de la JCE, por apresurarse a difundir datos provisionales impugnables, obviando las sospechas de irregularidades, y así, desde el lunes 5 de junio su puesto fue ocupado por el doctor Hugo Vargas Suberví, quien tres días más tarde estaría recibiendo la solicitud de parte del partido perdedor de anular los comicios o, en su defecto, realizar elecciones complementarias en los lugares donde sus candidatos habían sido presuntamente perjudicados por la alta abstención de votantes.

Esa labor estuvo dirigida por el destacado jurista Marino Vinicio Castillo (Vincho), en un ambiente sumamente caldeado por las críticas y las diatribas, donde el oficialismo fue responsabilizado de la alteración de la Ley Electoral 5884 en la Gaceta oficial No. 9434, por la presunta supresión del párrafo 12 del artículo 10 sobre las prerrogativas de la Junta Electoral del Distrito Nacional y su traslado al artículo 2 como párrafo 20, a fin de ampliar las atribuciones del pleno de la JCE, de manera que pudiera dictar un fallo sin limitaciones.

El llamado «Gacetazo» fue detectado y debatido en los medios informativos, aunque para frenar su aplicación sería imprescindible que el secretario del tribunal de elecciones, doctor Manuel A. Díaz Adams, se distanciara del presidente suplente el miércoles 7 de junio, para dar a conocer el texto original de la ley promulgada con la firma de puño y letra del presidente Joaquín Balaguer.

Antes del Gacetazo, la JCE había sacado de circulación al director de su Departamento de Procesamiento Electrónico de Datos, licenciado Felipe Neris Cabrera Febrillet, y al destacado catedrático universitario doctor José Silié Gatón, director del Registro Electoral, para formar una comisión integrada por el señor Domingo Hasbún (presidente) y los doctores Francisco Ramírez Muñoz y Francisco Oscar Jiménez Vargas, que investigaría la denuncia sobre “graves irregularidades” en las listas de votantes que hiciera el 18 de mayo el doctor Balaguer.

Ese esfuerzo se materializaría con la colaboración eficaz de los empleados Aura Rosario Jiménez de Nolasco, Nelson Francisco García y Belba Cabrera Fernández, asesorados por los ingenieros chilenos Juan Ricardo Giadach y Martín Boragk, que fueron contratados a través del embajador dominicano en Chile, general de brigada Luis Ney Tejada Álvarez y llegaron al país en la segunda semana de junio.

Sin embargo, en su rigurosa auditoría o escrutinio de la documentación de diversas mesas de votaciones escogidas aleatoriamente, ellos pudieron comprobar que había sido mínimo el trastorno en las listas de votantes, puesto que de dos millones 295,158 ciudadanos inscritos en el Registro Electoral, habían sufragado un millón 741,337; de los cuales 866,912 lo hicieron en favor de Antonio Guzmán y 711,878 por Balaguer.

Es decir, que la participación fue de 75.87 por ciento y la abstención electoral de apenas un 24 por ciento.

Fallo histórico va a la Suprema Corte y la OEA

El 26 de julio de 1978 la Suprema Corte de Justicia (SCJ), presidida por el doctor Néstor Contín Aybar, se declaró incompetente para emitir una opinión sobre el fallo histórico de la Junta Central Electoral, como había solicitado la alta dirección del Partido Revolucionario Dominicano a través de su secretario general, doctor José Francisco Peña Gómez y sus abogados Radhamés Rodríguez Gómez, Mario García Alvarado y Abraham Bautista Alcántara, quienes se dirigieron entonces a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos (CIDH), con sede en Washington, durante la primera semana de agosto, solicitándole que emitiera una resolución de condena a la JCE por su cuestionado dictamen de violación a la voluntad y derechos de los electores dominicanos.

Para algunos expertos en derecho constitucional, la SCJ optó por marginarse de modo voluntario de los asuntos electorales por su clara dependencia del Senado, y ahí residiría el motivo de su posterior rechazo (el viernes 20 de octubre) a una solicitud del Ministerio Público, representado por el doctor Rafael Cordero Díaz, procurador adjunto, encaminada a condenar a la degradación cívica a los autores del fallo histórico, señores Hugo Vargas Suberví, Luis Augusto González Vega y Danilo Santana, en base a los argumentos expuestos.

Esa actitud animó al recién juramentado presidente Antonio Guzmán a decir públicamente el martes 31 de octubre que su Gobierno se proponía convocar “un plebiscito a nivel nacional que determinara la restitución o no de los legisladores perredeístas que fueron cedidos al Partido Reformista mediante resolución de la Junta Central Electoral”, aunque esta intención se diluyó 5 días más tarde, luego de una declaración del asesor jurídico del Poder Ejecutivo, doctor Jottin Cury, señalando que su ejecución originaría gastos cuantiosos aun cuando “daría resultados abrumadores contra los cinco legisladores reformistas designados por la JCE”.

Cury dejó entrever entonces la posibilidad del uso de la fuerza, por parte del Presidente, en su condición de comandante en jefe de las Fuerzas Armadas, “para imponer en el Congreso Nacional a los cuatro senadores y al diputado perredeístas elegidos en los comicios del 16 de mayo”; lo que fue ponderado por el joven historiador Juan Daniel Balcácer que consideró que Guzmán “tiene una brillante oportunidad de convertirse en uno de los pocos gobernantes que han hecho, o han intentado hacer, que se respete la Constitución, si decide que los cinco legisladores despojados de sus puestos ocupen las curules que les corresponden”.

Apuntó que de esa manera estaría protegiendo “los designios del pueblo dominicano libremente expresados en el pasado torneo comicial de no muy agradable recuerdo por el giro que la pasada administración le imprimió a los acontecimientos’’.

Sin embargo, esa postura fue rebatida por el presidente del Senado, Juan Rafael Peralta Pérez, quien -en unas declaraciones ofrecidas al periodista Pablo Jerez, del diario Última Hora- exhortó al Gobierno a que acatara la decisión de la Junta Central Electoral porque era el único tribunal facultado a resolver asuntos electorales.

El senador por la provincia Santiago Rodríguez advirtió que si el presidente Guzmán trataba de cometer un acto de fuerza para sacar del Congreso a los legisladores designados, su “Gobierno perdería los efectos legales que lo mantienen en el poder”.

Por último, el miércoles 15 de noviembre Guzmán nombró una comisión jurídica, integrada por los doctores Mario Read Vittini, Ramón Tapia Espinal y Jottin Cury, con la misión de realizar un examen global de la legislación que servía de fundamento al sistema jurídico nacional y para que sugiriera al Poder Ejecutivo los cambios para la integración o el fortalecimiento de las instituciones consagradas en ese sistema.

A partir de ese momento no se habló más del tema referido y los legisladores reformistas comenzaron a cooperar con el régimen perredeísta, siguiendo las instrucciones de Balaguer, que había dicho que el nuevo Gobierno “necesita la colaboración de otra fuerza política independiente, bien intencionada e identificada con la necesidad que tiene este país de cambios profundos en sus estructuras políticas y sociales”.

El viejo caudillo se comprometió a apoyar “sin reservas todas las reformas que se desee introducir en la Constitución de la República y que tiendan a garantizar o a mejorar nuestra ordenación institucional como sociedad civilizada”. Además de cualquier iniciativa del PRD “que tienda a producir los cambios fundamentales que el país necesita, sobre todo a redimir nuestra clase campesina poniendo en manos de cada agricultor una parcela propia”, y a solucionar “los gravísimos problemas que vamos a confrontar en un porvenir que desde ahora no se nos presenta con aires muy lisonjeros”.