Ciudad Alternativa afirma que en la presente legislatura, el Senado de la República aprobó una de las peores versiones del Código Penal, que ahora está en manos de la Cámara de Diputados para una segunda lectura.

Considera que este código resulta insuficiente para enfrentar la nueva realidad del estado constitucional y de derecho establecido en la Constitución.

En un comunicado, exhorta a la sociedad dominicana y a las autoridades competentes aprobar un Código Penal que supere las limitaciones del actual, vigente desde 1884 con ligeras modificaciones.

Deplora que luego de más de 20 años de discusión e intentos fallidos, las propuestas presentadas sea un retroceso.

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Un ejemplo de esto fue la propuesta de 2014, observada por el presidente de entonces por sus contradicciones con otras leyes de igual jerarquía y por no alinearse con el espíritu de la Constitución Dominicana. Critica la aprobación apresurada de un código punitivo que no respeta el espíritu democrático de la Constitución y niega derechos fundamentales.

Rechaza, en el caso corrupción administrativa, la prescripción de actos tipificados como prevaricación, considerando el impacto negativo de este flagelo en el desarrollo social y económico del país.

Sobre responsabilidad penal del Estado: define como inaceptable el Art. 14 que excluye la responsabilidad penal de ciertos entes, incluyendo al Estado y otras entidades con conductas punibles recurrentes. En torno a derechos de las mujeres: aunque valora las eximentes de responsabilidad penal del Art. 112, considera insuficiente la exclusión de razones legales que asisten a la madre en decisiones sobre su vida y salud emocional.

En cuanto al delito de violación sexual: cree que la definición del Art. 134 es limitada al requerir penetración para la tipificación del delito, lo cual es inadecuado.

Indica que los artículos 288, 289 y 290, si bien defienden la propiedad privada, vulneran el derecho a la vivienda y a la ciudad de comunidades en terrenos sin estatus jurídico regular. Sobre derechos de niños, niñas y adolescentes: apoya la posición de CONANI y otras entidades que cuestionan el párrafo III del Art. 123 por su contradicción con la Ley 136-03 y el Art. 56 de la Constitución sobre el interés superior del niño.