La jueza Kenya Romero, de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional, dictó la mañana de este martes las medidas de coerción a los 20 implicados en el caso Calamar, una red, que según el Ministerio Público, distrajo al Estado dominicano más de 19 mil millones de pesos.

A continuación la lista con las medidas:

Donald Guerrero: 18 meses de prisión preventiva.
José Ramón Peralta: 18 meses de prisión preventiva.
Gonzalo Castillo: arresto domiciliario, presentación periódica y garantía económica.
Daniel Omar Caamaño: presentación periódica y garantía económica.
Luis Miguel Piccirilo: arresto domiciliario, impedimento de saluda del país y garantía económica.
Aldo Antonio Gerbasi: arresto domiciliario e impedimento de salida del país.
Claudio Silver Peña: arresto domiciliario y garantía económica.
Oscar Chalas Guerrero: Impedimento de salida y presentación periódica.
Julián Omar Fernández: Impedimento de salida y presentación periódica
Roberto Santiago Moquete: arresto domiciliario y garantía económica.
Agustín Mejía Ávila: arresto domiciliario y garantía económica.
Emil Dávila Fernández: arresto domiciliario y garantía económica.
Marcial Reyes: arresto domiciliario y presentación periódica.
Alejandro Constanzo: arresto domiciliario y garantía económica.
Yahaira Brito Encarnación: arresto domiciliario e impedimento de salida del país.
Ana Linda Fernández: Impedimento de salida y presentación periódica.
Ángel Lockward: arresto domiciliario y garantía económica.
Ramón David Hernández: arresto domiciliario y garantía económica.
Víctor Matías Encarnación: arresto domiciliario y garantía económica.
Rafael Parmenio Rodríguez: arresto domiciliario e impedimento de salida del país.

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Declaraciones de los representante del Ministerio Público:

MP sobre los acusados

El expediente presentado por el Ministerio Público posee más de tres mil páginas y más de 1,200 elementos de pruebas, las cuales detallan cómo los miembros de esta red sustrajeron más de 17 mil millones de pesos al Estado por expropiaciones, los cuales sumados a unos 2,100 millones en deuda administrativas totalizan más de 19 mil millones.

La imputación preliminar del Ministerio Público en contra de los arrestados incluye conductas tipificadas en el artículo 146 de la Constitución de la República, así como los artículos 123, 166, 171, 172, 174, 175, 177, 265, 266, y 405 del Código Penal.

También, violaciones a las leyes 448-06 y 311-14, además de la Ley 155-17, contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo y la Ley 33-18, sobre Partidos, Agrupaciones y Movimientos Políticos.