HOY DIGITAL 
Agresión al Defensor del Pueblo fue en el Canódromo.
La jueza Eveling Rodríguez, de la Cuarta Sala Penal del Distrito Nacional, aplazó para el próximo 25 de abril el conocimiento del juicio contra Natanael Javier y Starling Ramírez Sierra, acusados de agredir al Defensor del Pueblo, Pablo Ulloa, y a otros dos miembros del organismo, así como a representantes de la prensa, en un hecho ocurrido el año pasado en el Centro de Retención Vehicular conocido como Canódromo El Coco.
El aplazamiento se produjo debido a que los acusados no disponían de representación legal, lo que motivó al tribunal remitir el caso a la Defensoría Pública a los fines de que se les asigne un abogado de oficio y poder continuar con el juicio sin afectar el derecho de defensa de los procesados.
Ambos acusados son miembros de la Policía Nacional, adscritos a la Dirección General de Seguridad de Tránsito y Transporte Terrestre (Digesett), a quienes el Ministerio Público le atribuye violar el artículo 309 del Código Penal Dominicano, sobre golpes y heridas, que contempla penas de seis meses a dos años de prisión.
Amplíe aquí: No ha lugar para la coronela de Digesett, Ysabelita de los Santos, por caso canódromo
La acusación presentada por el Ministerio Público, sustentada por la fiscal litigante Yudelkis Utate, sostiene que los imputados agredieron a las víctimas de manera física y verbal, cuando una comisión encabezada por el Defensor del Pueblo acudió al lugar y se dirigía al despacho de la responsable del Centro de Retención Vehicular Canódromo, de la Digesett.
El incidente se registró el 12 de abril de 2022, cuando Ulloa y varios de sus ayudantes en compañía de miembros de la prensa de diversos medios de comunicación, se disponían a realizar una inspección en el Canódromo tras diversas denuncias de irregularidades en torno a la incautación de vehículos.
En el proceso el juez del Primer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, Raymundo Mejía, dictó apertura a juicio en contra de Javier y Ramírez Sierra, en tanto que emitió un auto de no ha lugar en beneficio de la coronela Ysabelita de los Santos y Geraldina de los Santos Peña.
El juez también dispuso la libertad de Marisol Vargas, Rony Recio y Carlos Oliver Paulino, y ordenó el cese de la medida de coerción que pesaba en su contra.
