El Tercer Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional rechazó este viernes una petición con la que la defensa del ex procurador general Jean Alain Rodríguez pretendía obligar al Ministerio Público a responder sobre una querella a la que ya el órgano persecutor se refirió en su acusación contra la red de corrupción desmantelada con la Operación Medusa.

El procurador adjunto Wilson Camacho, a cargo de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), dijo que la petición fue rechazada por carecer de objeto.

“Hoy, en una forma de hacer perder tiempo al sistema de justicia, la defensa de Jean Alain Rodríguez vino al tribunal a pedir que obligue al Ministerio Público a dar una respuesta sobre una querella que ya el Ministerio Público respondió en su acusación”, dijo a Camacho a periodistas que lo abordaron luego de la decisión adoptada por el juez Pablo Imbert.

“Así se lo planteamos al tribunal y el tribunal acaba de reconocer que el Ministerio Público respondió en la acusación su posición en cuanto a la barra del Estado como querellante y rechazó el pedimento por carecer de objeto, que es la decisión que en derecho procedía”, añadió.

“Basta con ver la acusación para saber cuál es la opinión del Ministerio Público con relación a la barra del Estado, que el Ministerio Público, incluso, reconoce como parte del proceso en su acusación, pero que la defensa parece que no se ha tomado el tiempo para leerla”, insistió.

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Camacho explicó que la querella es de la barra del Estado, “pero ni siquiera la defensa tuvo el valor de venir aquí a discutir el fondo de la querella, sino, solamente la posición del Ministerio Público y, repito, la posición del Ministerio Público está contenida en la acusación y así lo ha reconocido el tribunal”.

La pasada semana el tribunal aplazó el inicio de la audiencia preliminar para el próximo 19 de diciembre, a los fines de que los imputados puedan ser notificados del escrito de acusación del Ministerio Público.

Wilson Camacho ha destacado en el proceso que las pruebas aportadas por el Ministerio Público apuntan a condenas de 20 años de prisión para algunos de los procesados de la Operación Medusa.

Los imputados de la Operación Medusa enfrentan cargos criminales por coalición de funcionarios, prevaricación, asociación de malhechores y estafa contra el Estado. También, por sobornos, crímenes y delitos de alta tecnología y lavado de activos.

El Ministerio Público presentó acusación en este caso el pasado 2 de julio, con un volumen de 12,274 páginas y dentro de esas más de 3,500 pruebas y entre las pruebas, más de 400 testigos”. La acusación fue presentada contra 41 personas físicas y 22 empresas.

Por el caso guarda prisión el exprocurador Jean Alain Rodríguez Sánchez, principal imputado del caso. También, el exdirector de Tecnología de la Información y la Comunicación del Ministerio Público, Javier Alejandro Forteza Ibarra; el exdirector administrativo, Jonathan Joel Rodríguez Imbert, y Alfredo Alexander Solano Augusto, exsubdirector administrativo.

Jenny Marte Peña, exencargada de Proyectos, cumple arresto domiciliario, al igual que la ex subdirectora administrativa Altagracia Guillén Calzado, así como Rafael Antonio Mercedes Marte, exdirector de Contabilidad.

El proceso también se sigue contra el exasesor Miguel José Moya, a quien le fue impuesta una garantía económica de un millón de pesos en modalidad de contrato con compañía aseguradora, impedimento de salida y presentación periódica.