Por el curso que lleva el caso Calamar, ante el sometimiento a la justicia de tres cercanos colaboradores del expresidente Danilo Medina, es indudable que el proceso electoral estará marcado por el tema de la corrupción, pero en dos direcciones: la lucha contra ese flagelo desde el oficialismo, y la victimización que persigue el Partido de la Liberación Dominicana (PLD), atribuyendo la acción del Ministerio Público a una persecución política en su contra.

Aunque la corrupción gubernamental y la impunidad siempre han estado presentes en los procesos electorales, como arma política de los partidos de oposición, es la primera vez que, coincidencialmente, el Ministerio Público tiene abierto cuatro sometimientos judiciales por supuestos hechos dolosos cometidos en el pasado Gobierno peledeísta: se trata de los casos Operación Antipulpo, Operación Coral, Operación Medusa y Operación Calamar.

En ese sentido, el PLD había mantenido una posición más neutral, apelando a que estén apegados al debido proceso otros casos de supuesta corrupción en los que están implicados familiares y exfuncionarios del Gobierno del expresidente Danilo Medina. Con el caso Calamar la reacción ha sido distinta, al punto que el exmandatario ha salido a defender a los exfuncionarios implicados, en momentos en que está afectado de un cáncer de próstata.

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Abuso de poder

El expresidente Medina considera que, el apresamiento de los exministros Gonzalo Castillo (excandidato presidencial del PLD en el 2020), José Ramón Peralta y Donald Guerrero, representa un abuso de poder para intimidar al partido que, según él, tiene más posibilidades de vencer al Partido Revolucionario Moderno (PRM) en el 2004.

A su entender, la justicia independiente que pregona el Gobierno sólo tiene el propósito de empujar el proyecto reeleccionista del presidente Luis Abinader.

El PLD también ha capitalizado los incidentes ocurridos en las inmediaciones del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, y en la Casa Nacional de esa organización, donde manifestantes peledeístas fueron enfrentados por agentes policiales que disolvieron las protestas lanzando bombas lacrimógenas.

Para el PLD esas acciones son un atentado a la democracia, por lo que al parecer la consideran como una acción distinta a los incidentes ocurridos en 2019 en el Congreso Nacional, donde agentes policiales también arremetieron con bombas lacrimógenas contra seguidores del expresidente Leonel Fernández que se oponían a que se reformara la Constitución para permitir una tercera repostulación del expresidente Medina.

Esta coyuntura ha permitido que importantes dirigentes del Comité Político del PLD se visualicen, mostrándose como un partido unificado y poderoso, capaz de ganar las elecciones presidenciales con su apuesta: Abel Martínez, alcalde de Santiago.

PRM a la defensiva

Los dirigentes del PRM, con el presidente Luis Abinader a la cabeza, aseguran que el Ministerio Público actúa de forma independiente en los casos de supuesta corrupción que cursan en los tribunales.

En el caso Operación Antipulpo están implicados Alexis y Magalys Medina, dos hermanos del expresidente Medina; en la Operación Coral el exjefe de seguridad del exmandatario, el mayor general Adán Cáceres Silvestre; en la Operación Medusa el exprocurador Jean Alain Rodríguez. Tanto en esos casos como en el último, la Operación Calamar, el Estado habría sido estafado con miles de millones de pesos a través de acciones fraudulentas.

Según el Ministerio Público, el caso Calamar involucra acciones fraudulentas por más de 19,000 millones de pesos, conseguidos mediante extorsión a bancas de apuestas y a beneficiaros del pago de deudas públicas.

En ese expediente está incluido el diputado del PRM por el Distrito Nacional, Sergio Moya (Goris), propietario de las bancas de apuestas Merengue Sport, a quien el Ministerio Público le atribuye haber sido el “coordinador de la recolección del dinero irregular” durante ocho meses, de acuerdo a los testimonios de varios delatores. Esa estructura presuntamente operaba a través de la Dirección de Casinos y Juegos de Azar, una dependencia del Ministerio de Hacienda.

Por esos supuestos hechos el legislador aún no ha sido investigado, pero en su última aparición en ese hemiciclo aseguró que nadie puede probarle los hechos dolosos que se les imputan en el expediente.

Ante las críticas recibidas por parte de los dirigentes del PLD, la procuradora Mirian Germán Brito afirmó que es un despropósito intentar enlodar el trabajo del Ministerio Público, al acusarlo de mantener una política de venganza por los casos de corrupción que involucran a exfuncionarios del pasado Gobierno peledeista.

Sin embargo, es indudable que la lucha contra la corrupción, que implica el sometimiento a la justicia de exfuncionarios del pasado Gobierno, y en pocos casos de este, favorece al PRM porque una de sus promesas de campaña en 2020 fue enfrentar la corrupción y la impunidad.