Lency Alcántara 
Rafael Leonidas Trujillo
Los documentos inéditos recientemente desclasificados por el gobierno de los Estados Unidos, a través de la CIA, han sacado a la luz una serie de «secretos» sobre figuras que marcaron un antes y un después en la historia moderna. Entre ellos destacan detalles sobre el régimen de Rafael Leónidas Trujillo, cuyo dominio económico moldeó la República Dominicana durante décadas.
Uno de los archivos, identificado con el código jpP80B01 0 Q00 260016-6, revela que al momento de su ajusticiamiento, Trujillo y su familia controlaban más del 50% de la planta industrial dominicana, medida por el valor de inversión o las ventas. Dichas propiedades, según los cálculos de la época, estarían valoradas entre $150 y $200 millones de dólares actuales.
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Propiedades bajo control gubernamental
Según los archivos, estas propiedades pasaron a manos del gobierno dominicano, aunque «su disposición final, con algunas excepciones menores, no se ha decidido».
La documentación señala además que Trujillo poseía tierras y molinos azucareros que generaban alrededor de dos tercios de la producción nacional de azúcar, así como la mayoría de las empresas comerciales, de transporte, financieras y de seguros del país.
Empresas estadounidenses bajo presión
Durante el mandato de Trujillo, varias empresas privadas estadounidenses en los sectores de servicios públicos, minería y agricultura operaban en el país. Sin embargo, una política de «dominicanización» impulsada en los años 50 derivó en la venta forzosa de muchas de estas empresas al régimen trujillista o, en apariencia, al propio gobierno dominicano.
Entre las compañías destacadas se encuentran la antigua eléctrica controlada por Stone & Webster y la mayoría de las compañías azucareras, con excepción de una.
La CIA subraya que Trujillo ejercía un control significativo sobre bancos e industrias de servicios eléctricos, aun cuando se presentaban como entidades autónomas o corporaciones privadas. Además, muchas empresas estadounidenses se veían obligadas a pagar «tributo» al dictador, con un porcentaje típico del 10% sobre los contratos públicos.
El destino de las propiedades tras la dictadura
Después del ajusticiamiento de Trujillo, varias empresas estadounidenses intentaron adquirir estas propiedades, pero fueron disuadidas por el Consulado de los Estados Unidos. Este advirtió sobre posibles litigios y el descontento público que podría generar la compra de bienes considerados como «robados» al pueblo dominicano.
Con la formación de un gobierno provisional anti-Trujillo en enero, las propiedades se consolidaron bajo agencias gubernamentales. No obstante, los archivos señalan que algunas operaciones comerciales, como los astilleros y las fábricas de productos varios, enfrentaron desafíos tras la transición.
La CIA también destaca que una antigua cervecería propiedad de Trujillo parece haber continuado operando con normalidad.
