Los directivos de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop-Herrera), que cometieron un supuesto fraude de unos RD$2,500 millones, y que fueron arrestados mediante la operación Búho, compraron villas, vehículos de alta gama y yates con el dinero de los ahorrantes, según el expediente acusatorio preparado por el Ministerio Público contra los imputados de dicha entidad financiera.

«Se adquirían bienes suntuosos (…) utilizando como método de pago los certificados financieros desprovistos de garantía o sin respaldo colateral, los cuales generaban intereses mensuales que eran retirado por los vendedores, y cobrando muchos de estos la cancelación total de los mismos, sin embargo, el dinero pagado salía de los ahorros de los socios», detalla la instrumentación.

Además, el órgano acusador asegura en la acusación que los bienes adquiridos con el dinero de los socios eran colocados a nombre de empresas y de terceras personas, cercanas a los miembros de la supuesta estructura criminal, cuya cabeza era Jorge Eligio Méndez.

El expediente dice que Méndez, ahora preso junto a otros seis directivos, comenzó a adquirir una notable influencia dentro de la institución financiera, llegando a ocupar, durante varios periodos de tres años cada uno, la función de presidente del Consejo de Administración, y luego, mediante la resolución número 13 de Asamblea General Ordinaria de Coop Herrera, celebrada el 10 de mayo del año 2015, fue designado como administrador general, función que ha desempeñó hasta el año 2023, cuando el Instituto de Desarrollo Cooperativo (IDECCOP) intervino la misma.

Los otros arrestados son Gabriel Santana Borsilea, Kenia Del Carmen Liriano Pérez, Ana Cecilia Tejada Santos de Álvarez, Simona Borsilea, Jacer Eliazar Mejía Pereyra y Julio César Minaya.

Las imputaciones incluyen los delitos de asociación de malhechores, falsificación de documentos públicos y privados y robo de identidad de personas. El grupo incurrió en maniobras fraudulentas frente a la administración, abuso de confianza de ahorrantes y lavado de activos.

Durante la operación, el Ministerio Público ocupó otros inmuebles lujosos.

El brazo persecutor de la Procuraduría pidió que se imponga la prisión preventiva como medida de coerción en contra de los siete directivos de Coop-Herrera, arrestados durante la Operación Búho y que se declare el proceso de tramitación compleja.