La Comisión Bicameral inició ayer la lectura de los proyectos de Ley sobre extinción de dominio con la aclaración de la diputada Shoraya Suárez, de que esta ley será creada no para perseguir personas, sino bienes ilícitos.

“Nos estamos tomando nuestro tiempo, trabajando esta ley para que todo salga de la mejor manera correcta”, dijo Suárez previo a su entrada a la reunión.

La diputada advirtió a los empresarios y políticos que se han portado bien, a no tener miedo.

De su lado el diputado Rogelio Genao Lanza explicó que se están leyendo los proyectos de los senadores Antonio Taveras y Félix Bautista se están comparando y aprobando donde existen consensos, mientras que se han postergado los artículos donde hay diferencias.

“Las diferencias principales son: la iretroactividad de la ley, el ámbito de aplicación, la presunción de inocencia y la creación de un tribunal especial”, explicó el diputado Genao Lanza.

Posición de la Coalición Generación de Cambio sobre Ley de Extinción de Dominio

La organización Juvenil Generación de Cambio expresó su apoyo a la propuesta del presidente del presidente de la República Luis Abinader, de reformar la Constitución de la República para garantizar que nunca más, ningún gobierno corrupto se robe los recursos del pueblo y se queden impunes.

Hablando a nombre de la entidad, el joven Jan Gómez, dijo durante un acto celebrado en los alrededores del Palacio Nacional, que resulta nefasto para el país tener un sistema judicial, a merced de los intereses de un gobierno de turno, y acusó al expresidente Leonel Fernández de haber “constitucionalizado” la dependencia del Poder Judicial en la República Dominicana, a través de la reforma constitucional del año 2010, cuando integró al Procurador General de la República al Consejo de la Magistratura, agenciándose así el control del poder ejecutivo de dicho órgano.

Señaló que ese secuestro de la justicia, permitió el mayor desfalco de toda la historia al Estado Dominicano, sin que un solo funcionario relevante del peledeísmo fuera sometido a la acción de la justicia, y que a penas de 4 o 5 empleados fueron sometidos, sin que nadie supiera en qué pararon sus procesos.