Loyda Peña 
Un juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional conoce este jueves la solicitud de medida de coerción a los 16 integrantes de la red que supuestamente mantenía como esclavas sexuales a más de 80 extranjeras, a las cobraban por traerlas bajo engaño al país.
Según el Ministerio Público, la víctimas eran amenazadas con venderlas a otros proxenetas si no pagaban, o con armas de fuego si se ponían rebeldes.
Caso Cattleya: prófugos de supuesta red amenazan familiares de víctimas, dice el MP
El órgano persecutor solicitó prisión preventiva para el grupo arrestado en la Operación Cattleya, el cual se encuentra recluido en la cárcel del Palacio de Justicia de Ciudad Nueva, y también que el caso sea declarado complejo.
No están todos los que son
En el expediente el MP resalta el caso de un capitán de Politur, identificado solo como Disla, quien andaba en una camioneta junto a otros miembros de la institución cuando fueron abordados por una colombiana que discutía con el integrante de la red, José Miguel Michel Guridis (Michel).
La extranjera, según el expediente, le dijo a Disla que Michel “es una basura que no sirve”, y que las cosas que hacía eran penadas en su país, “porque eso es trata de personas”, y le pidió que la llevara a poner una denuncia porque Michel la había agredido.
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La respuesta del Politur a la mujer fue, siempre de acuerdo al expediente, que a esa hora no se tomaban denuncias, y que “tratara de arreglar las cosas con Michel”.
Ella supuestamente le contestó que estudia Derecho, y sabía lo que le correspondía como ciudadana; que las denuncias eran recibidas 24 horas al día.
Disla le dijo que fuera al otro día, a las 12:00.
