El conocimiento de la medida de coerción contra los siete miembros de la Policía imputados de agredir al Defensor del Pueblo Pablo Ulloa y a periodistas en el Canódromo, fue aplazada para el 24 de octubre debido a que la coronela Angelita de los Santos Pérez, encargada del Centro de Retención de vehículos no tenía abogado.

El grupo fue sometido por el Ministerio Público que solicitó al Primer Juzgado de la Instrucción, imponerle una garantía económica de RD$300,000, impedimento de salida y presentación periódica, y enviarlos a todos a juicio de fondo.

El hecho ocurrió en abril cuando el Defensor del Pueblo fue al Canódromo en visita de supervisión.

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Abogado de coronela Digesett: Defendor del pueblo es «un ignorante de la ley»

«Es verdad que él puede ir a cualquier dependencia pública sin anunciarse. Ahora, una vez allí la ley no dice que él suplanta al funcionario».

Así arremetió contra el defensor del pueblo el abogado Bunel Ramírez, representante legal de la coronela Ysabelita de los Santos, adscrita a la Dirección General de Seguridad de Tránsito Terestre (Digesett), al señalar que Pablo Ulloa desconoce cuáles son sus atribuciones.

El defensor de la oficial reiteró que Ulloa no debió irrespetar a la coronela el día que irrumpió en el Centro de Retención Vehicular, mejor conocido como el canódromo.

La decisión de aplazar la audiencia para el próximo 24 de octubre la tomó el Primer Juzgado de Instrucción del Distrito Nacional, en un caso que involucra la agresión contra el defensor del pueblo, Pablo Ulloa, empleados de dicha entidad, periodistas y fotorreporteros.

Roberto Quiroz, abogado del defensor del pueblo, puntualizó que el aplazamiento se dio porque la coronela no contaba con su defensor titular y para regularizar la cita del expolicía Starling Ramírez, quien fue destituido por otras faltas.