Puerto Príncipe.- La Cámara de los Diputados de Haití inició este miércoles una sesión para decidir si abre un juicio político con miras a la destitución del presidente Jovenel Moise, por sospechas de malversación de fondos. Para iniciar un juicio político contra el mandatario es necesario que voten a favor dos tercios de la Cámara Baja, por lo menos 80 de los 111 diputados que la componen.

A la sesión, que empezó con varias horas de retraso, asisten 88 congresistas. Durante la jornada, ciudadanos haitianos han apelado a las redes sociales para reclamar a los diputados votar a favor de la iniciativa, anunciada el 1 de agosto por Gary Bodeau, presidente de la Cámara de Diputados, de mayoría oficialista.

El pasado junio, una veintena de legisladores opositores remitió una carta a Bodeau instándole a iniciar un juicio político contra Moise por supuesta malversación, acusándole del supuesto manejo irregular de fondos del programa Petrocaribe, por el que Venezuela da petróleo a varios países del Caribe en condiciones ventajosas.

En la misiva, el grupo afirmó que los hechos cometidos por el presidente Moise “constituyen un delito de alta traición”, acusación por la que se puede promover un proceso de destitución de un mandatario.

El juicio político, inédito en la historia del país, se desarrollaría en el Senado. En los últimos meses se han producido numerosas protestas para exigir que Moise abandone el poder debido a las sospechas de que pudo beneficiarse del supuesto manejo irregular de los fondos de Petrocaribe.

El pasado 31 de mayo, el Tribunal Superior de Cuentas envió al Parlamento su informe final sobre la investigación que hizo por supuestos actos de corrupción relativos al manejo de las partidas y que involucra a una empresa de Moise en la supuesta malversación.

Según detalles conocidos por la prensa, la investigación desveló que la compañía Agritrans, propiedad del presidente haitiano, recibió millones de dólares para la ejecución de varios proyectos que nunca se llevaron a cabo.

El informe de la Corte Superior de Cuentas califica de “grave” la manera en que varios Gobiernos han gastado más de 2.000 millones de dólares de los fondos de Petrocaribe entre 2008 y 2016, la mitad de los recursos generados por el programa durante ese período.