En el marco de las medidas de emergencia que está adoptando el gobierno por la crisis provocada por el Covid 19, debería incluirse la rebaja de un 25 por ciento a todos los salarios y pensiones del sector oficial que sobrepasen los 100 mil pesos mensuales.

Naturalmente, esta medida afectaría a los miembros del Congreso y de cualquier entidad autónoma del gobierno así como también a las cientos de botellas que cobran sin trabajar en la cancillería dominicana y en todas las dependencias del Estado.

Los fondos retenidos por ese concepto deben, automáticamente, ser invertidos en subsidiar a los miles de desempleados cuyo número se ha incrementado con la paralización económica que atraviesa el país.

Así, por ejemplo, con los 250 mil pesos que se les descontarían al millón mensual que gana el gobernador del Banco Central, pudieran beneficiarse a 50 familias con un monto de 5 mil pesos mensuales a través de la tarjeta solidaridad o cualquier otro mecanismo.

Bajando a la escala menor o límite, tenemos que de los 25 mil pesos que se les retendrían a quienes ganan 100 mil pesos mensuales, podrían subsidiarse 5 familias y así sucesivamente.

Entre las conveniencias de una medida de esta naturaleza es que permanecería mas allá del cambio de gobierno puesto que la crisis económica que ha provocado en el mundo y el país la pandemia que nos agobia, va para largo.

Sin muchas ilusiones, dejo sobre el tapete, esta «idea tonta», como diría nuestro inolvidable Rafael Herrera, a la consideración del presidente de la República, a las autoridades del sector económico y a la opinión pública general.