De escandaloso puede calificarse la noticia que nos trae la prensa escrita el pasado jueves 23 de marzo, página 8, del periódico HOY, con un titular que estremece: “Mas de 100 nuevos partidos y movimientos políticos han solicitado el reconocimiento de la Junta Central Electoral” actualmente presidida por el Dr. Román Jaquéz Liranzo” quien reconoce que “históricamente, la Republica Dominicana, sobre todo después de 1996, ha vivido en permanente campaña electoral.” Pero ese no es el caso.

Como si aquella noticia fuera cosa de poca monta y no motivo para ponerle de inmediato freno a ese desaguisado y así evitar serias consecuencias al sistema electoral, lo que, al parecer, poco ha importado a las autoridades competentes.

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Me dispuse, por tanto, a investigar el número de partidos políticos existentes en otros países y he aquí lo que encontré: en México, año 2021, y en Colombia, solo hay 10 partidos registrados; en Estados Unidos, 5; Perú, 25; Guatemala, 29; Ecuador, 35; Argentina, 67 y pare usted de contar. Nada comparable al fatídico intento de 100 o 50 partidos que, en esta media isla, pretenden ser reconocidos y legalizados por la Junta Central Electoral.

Esa pasmosa pretensión es motivo de justa alarma. Nada más peregrino y absurdo que permanecer indiferente, con voz y manos atadas, como si ese escabroso propósito fuera lo conveniente y necesario para fortalecer nuestro Sistema Electoral acorde lo demanda nuestra Constitución, siento todo lo contrario.

El presidente de la JCE reconoció algo tan cierto como muy grave: “En todos esos partidos hay personas con doble y triple afiliación.” Agregando: “Se ha estado trabajando con la Dirección de Partidos y los propios delegados ante los organismos electoral para buscar una solución”, al tiempo de reconocer que “los padrones deberán ser depurados para las primarias.” Pero lo más grave del caso es cuando el magistrado de la Suprema Corte de Justicia, reconoce su impotencia: “Las reformas de las leyes no establecieron sanciones para la campaña a destiempo.” Y concluye: “La JCE adolece de las herramientas por un vacío legal para sancionar esas precampañas.”

Ciertamente, la legislación vigente padece de graves deficiencias. Las elecciones del 2024 están a la vuelta de la esquina. No debe haber pérdida de tiempo para proceder al estudio, promulgación y aplicación de una nueva legislación con las debidas reformas que limite, regule y garantice su idoneidad y restrinja el número de partidos políticos aptos para participar en contiendas electorales.

La actual situación pone en evidencia una total impotencia de la JCE para ponerle coto a esta anarquía prevaleciente y sus turbulencias que afectan el sistema electoral, además de costosas pérdidas económicas, siendo de suma urgencia la necesaria depuración integral del sistema vigente mediante leyes impositivas renovadoras que amparen y garanticen la preminencia e idoneidad de las futuras y próximas elecciones que se nos viene encima.