Para mucha gente en este país, sobre todo la que le tiene ojeriza, este Gobierno ha privilegiado a la sociedad civil, o mejor dicho a algunos de sus más conspicuos representantes, lo que no tiene nada de malo ni de ilegal, y mucho menos de pecaminoso, aunque sus enemigos gratuitos se lo reprochen tanto al gobierno como a los que disfrutan de una posición en el tren gubernamental.

Paradójicamente, para muchos de esos representantes, sea que ocupen un cargo público o miren el juego desde las gradas, este es un gobierno demasiado conservador y derechista, sobre todo en lo que respecta al vecino Haití y su relación con los Estados Unidos, lo que desde luego no saldrán a criticar a los periódicos. Tampoco es para tanto.

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Eso no ha impedido, sin embargo, que una organización como Participación Ciudadana mantenga una beligerante presencia en nuestra vida pública, desde la observación electoral o velando porque prevalezcan la transparencia y la equidad en nuestra vida democrática. Su coordinadora, Lissie Sánchez, envió recientemente una carta al presidente Luis Abinader solicitándole suspender su rueda de prensa semanal, bajo el argumento de que esa actividad promueve su obra de gobierno y, por lo tanto, contribuye a su promoción electoral, lo que viola la ley y coloca a los demás candidatos presidenciales en una situación de desigualdad.

En su comparecencia de este lunes en La Semanal el presidente Abinader descartó, al responder una pregunta periodística, suspender sus encuentros con la prensa, ya que a su juicio no es ilegal, no se tratan temas políticos y sirve para rendir cuentas de las acciones de su administración, lo que fortalece la democracia. Eso no complacerá, por supuesto, a Participación Ciudadana, que esta vez apuntó demasiado alto, como si creyera que es verdad que nuestra democracia es tan democrática como la pintan sus políticos, y no como es en realidad en el país más presidencialista de la bolita del mundo.