La Constitución de la República establece algo que la realidad desmiente. En tiempo de obsesión reformadora vale recordar la condena a los privilegios y también la igualdad de todas las personas ante la ley. Prevalece en la Carta Magna el desiderátum idealista que reivindica las diferencias solo cuando resultan del talento o las virtudes. Esas cualidades parecen sobrarles a las minorías que disfrutan el mando sin tener que camuflarse para patrocinar a los políticos de turno. Ejercen su primacía con glamur, sin mediación, a sus pies están las instituciones. Dejan para la gleba curules y otras cuotas que el titiritero sabe manejar. Cuando abusan del poder salvan el buen nombre y protegen con el anonimato sus crímenes. Entonces las instituciones despliegan sus estrategias para avalar los privilegios y la sempiterna impunidad. El manejo de la poda no autorizada en el Parque Mirador del Sur confirma el estilo. Todavía retumbaba la denuncia del alcalde de Villa Vásquez, revelando el crimen ecológico cometido en la Comunidad de Las Canas, ignorado por las autoridades del Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales- MMARN- y desconocido por la Procuraduría Especializada para la Defensa del Medio Ambiente, cuando Jaime David Fernández Mirabal manifestaba su indignación por la ocurrencia de algo sorprendente en el hasta ahora inexpugnable parque ecológico inaugurado en el 1970. El motivo de la poda obedeció a una extravagancia propia de quienes saben que la ley es inaplicable para ellos. El misterioso autor quería ver el mar Caribe y las copas de los árboles impedían el deseo.

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Al principio la sorpresa sustituyó el repudio y los capitaleños comentaron aquello sin convicción.

Primero fue la burla debido al urticante estilo de comunicación que utiliza el creador del programa “Quisqueya Verde”. Sin embargo, atribuir intención malsana al ex vicepresidente de la república, antiguo ministro de Medio Ambiente resultaba improcedente.

El denunciante fue excelente funcionario, conoce además palmo a palmo la foresta criolla. Un Comunicado del MMARN sirvió de contén para la maledicencia. El organismo admitió la tala “inapropiada” – desconocida antes de la denuncia- y atribuyó el hecho “a instrucciones de la gobernación adscrita a la Alcaldía del Distrito Nacional”.

Fue lenta la reacción del gobierno municipal, atribuible quizás a la convicción de una popularidad inexpugnable que permite encubrir y apostar al silencio de los otros. Reconoció la poda sin autorización de los 17 árboles y prometió investigar para determinar quién ordenó el trabajo. Días después informó que “separó de la institución” a dos supervisores que recibieron una solicitud de “carácter privado” para realizar el corte. En este caso por la catadura del mandante hubo “burocracia cero”, la orden de desmonte fue acatada de inmediato. La Alcaldía supo quiénes ejecutaron, pero no le interesó saber quién ordenó la fechoría. Feliz en su balcón debe estar la persona que usó el gobierno municipal para reivindicar su derecho a ver el mar, convencido de que nadie revelará su nombre. Entre tala y poda se mece el abuso de poder sin consecuencias. El colectivo, más que indiferente luce expectante porque “lo mejor está por venir”.