La existencia de prácticas discriminatorias en nuestro país ha sido normalizada e invisibilizada y existe oposición en ciertos sectores a que se reglamente y se sancione.

En distintos estudios con poblaciones vulnerables (PNUD 2021) se identifican múltiples prácticas discriminatorias sufridas por muchas personas en silencio y que han provocado su exclusión del ámbito laboral, educativo, social y en varios casos intentos de suicidio.

En la mirada a la deserción escolar se plasman como una de las causas principales la discriminación vivida por niños, niñas y adolescentes en centros educativos por distintas razones como son: su color de la piel, orientación sexual (LGBTIQ), pobreza, discapacidad, hijos e hijas de trabajadoras sexuales, migrantes, madres adolescentes o adolescentes activas sexualmente.

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Las personas e instituciones ejercen continuamente discriminación y exclusión hacia personas con perfiles diversos sin responsabilizarse del daño y las consecuencias en sus vidas.

Sufrir la discriminación en hospitales y centros de salud es parte del dolor y la desesperación de muchas personas viviendo con VIH, en situación de calle, usuarias de drogas, trabajadoras sexuales, personas LGTBIQ sobre todo mujeres trans y migrantes. Los relatos de burlas, humillaciones, negación a ofrecerle servicios son continuos.

Lo mismo ocurre en el sistema de justicia. Cuando una mujer trans, trabajadora sexual, situación de calle, usuaria de drogas, migrante intenta denunciar por violencia de género no le dan respuestas, se burlan de ellas o la despachan con expresiones como “regrese cuando le vuelva a pegar”, frases frecuentes en fiscalías y cuarteles policiales.

Las prácticas discriminatorias deben tener consecuencias y sanciones legales. Nuestra constitución condena la discriminación y la exclusión hacia las personas por ser diferentes en su identidad étnico-racial, sexual, condición social-económica, religión, entre otras. La ausencia de un régimen de consecuencias contra las múltiples prácticas discriminatorias en empresas, comercios, centros educativos, universidades, centros de salud, sistema de justicia y policía nacional ha generado su normalización y con ello la desigualdad y exclusión social.

Resulta de gran importancia que se revise la exclusión de las sanciones legales a la discriminación hacia personas LGTBIQ en el código penal aprobado por senadores. Mantener esa disposición es una medida excluyente que debilita nuestra democracia, la penalización de mujeres y adolescentes que se practiquen un aborto después de haber sido violadas o en cualquier de las razones que incluyen las tres causales. Lo que ha sucedido con el Código Penal muestra un desconocimiento total de la realidad y una gran desvinculación del rol que debe jugar esta instancia como representantes de la población que votó por ellos y ellas.