Hoy 
Francisco Domínguez Brito. Fuente externa.
El alto dirigente del Partido de la Liberación Dominicana (PLD) Francisco Domínguez Brito, solicitó hoy de manera formal a la dirección de esa organización, que sea convocado el Comité Político a los fines de que decida sobre el cese en sus funciones de Félix Bautista y Víctor Díaz Rúa, secretario de Organización y de Finanzas, respectivamente, del partido.
En una comunicación fechada hoy dirigida al presidente del PLD, Leonel Fernández, y al secretario general, Reinaldo Pared Pérez, el también aspirante a la presidencia de la República expresa que tanto Bautista como Díaz Rúa han deshonrado con sus acciones «los principios fundamentales de nuestra organización» y vulnerados «sus deberes como miembros».
Señala que con esta petición se busca que se tome la acción política correspondiente a nivel del más alto órgano de dirección del PLD, para «asegurar la vida institucional que se encuentra hoy sensiblemente trastornada, e impedir que la imagen y el legado de nuestro fundador se vean afectados aún más.
«No merecemos, no necesitamos y no deseamos tener personas cuestionadas a esos niveles éticos y morales en ningún puesto de dirección partidaria. Es tiempo de que el Comité Político envíe una señal disuasiva, ejemplificadora y decidida.
Bautista saltó nuevamente a la palestra pública luego de que ayer Estados Unidos anunciara la congelación de sus bienes por presuntos actos de corrupción en Haití, además de la cancelación del visado tanto a él como a su familiares.
Bautista, senador por San Juan, fue funcionario en los gobiernos del ex presidente Fernández, siendo uno de los más trascendentales director de la Oficina de Ingeniero Supervisores de Obras del Estado (OISOE).
De igual forma, Díaz Rúa ocupó diferentes cargos en los gobiernos del presidente del PLD, siendo el más importante secretario de Estado de Obras Públicas y Comunicaciones.
Este último forma parte de los encartados por el caso de los sobornos otorgados por la multinacional Odebrecht, tras ser acusado por la Procuraduría General de la República de soborno, enriquecimiento ilícito y lavado de activos.
