La regulación de la renta corta es impostergable

El eco de la crisis en el mercado inmobiliario que se ha producido en otros países, a causa del crecimiento descontrolado de la oferta de habitaciones de renta corta a través de plataformas digitales, resuena con fuerza. En nuestro país, esa oferta ya supera a la hotelera tradicional. Las últimas cifras publicadas indican que existen 93 mil unidades de renta corta frente, a 85 mil habitaciones hoteleras y la afluencia de turistas avanza con tal ímpetu, que el número de visitantes anuales pronto podría igualar al de la población dominicana.

Ante este panorama, resulta impostergable llenar el vacío que ha dejado la falta de regulación en este mercado.

La necesidad de establecer un marco regulatorio es tan urgente como esencial, si aspiramos a que el alojamiento turístico sea cada vez más seguro, equitativo y competitivo. Las lecciones que dejan los países donde ha reinado el descontrol son elocuentes, al punto de que actores del propio sector de renta corta comienzan a pedir reglas, conscientes de que el costo de la regulación es menor que el precio del caos.

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Así lo ha expresado recientemente Yahaira Sosa, presidenta de la Asociación Dominicana de Rentas Cortas (Adoreco), en una entrevista concedida a este diario, en la que reconoció la necesidad de una regulación que defina claramente quiénes son los actores del mercado, qué funciones desempeñan y cómo deben operar.

Son numerosos los países que han debido enfrentar las consecuencias sociales de la falta de regulación. Por razones de espacio, mencionaremos dos ejemplos significativos: España y México.

En varias ciudades españolas, la proliferación de viviendas turísticas ha generado un fuerte malestar social, al elevar los precios de alquiler en detrimento de los residentes nacionales. En respuesta, el Gobierno español ha puesto en vigor —desde el 1 de julio— el Registro Único de Alquileres de Corta Duración, establecido mediante el Real Decreto 1312/2024. Esta norma exige que todos los alojamientos destinados al turismo o a estancias temporales, cuenten con un Número de Registro Único de Alquiler (NRUA) para poder ser anunciados en plataformas como Airbnb, Booking o Idealista.

Una vez obtenido, el NRUA debe incluirse de forma visible en todos los anuncios y las plataformas estarán obligadas a verificar su cumplimiento. Las sanciones por incumplimiento oscilan entre 600 y 60,000 euros, según la comunidad autónoma.

El caso de México no es menos grave. La Ciudad de México ha sido escenario de manifestaciones contra la gentrificación, fenómeno que ha desplazado a residentes originales por población de mayor poder adquisitivo. Para mitigar esta situación, se aprobó el año pasado una reforma a la Ley de Turismo. Sin embargo, esa normativa ha quedado en un limbo judicial, tras ser objeto de amparos por parte de anfitriones capitalinos que buscan proteger sus ingresos. Mientras tanto, la crisis de vivienda se agrava en una ciudad en constante crecimiento y con un profundo déficit habitacional.

La expansión desregulada del mercado de renta corta no solo reduce la disponibilidad de viviendas para los residentes nacionales, sino, que también puede encarecer el valor de la vivienda, transformar barrios residenciales en zonas turísticas —afectando la convivencia vecinal—, generar competencia desigual con el sector hotelero, deteriorar la calidad de vida y fomentar la concentración de propiedades en pocas manos.

El precio de no actuar hoy para ordenar el mercado de la renta corta puede ser, mañana, pagar las consecuencias de su descontrol. Aún estamos a tiempo de evitarlo.