El autor de la Ley 87-01 que creó el Sistema Dominicano de la Seguridad Social, economista Arismendi Díaz Santana, calificó de extremista e inviable las propuestas sobre la eliminación de las Administradoras de Fondos de Pensiones (AFP) y las Administradoras de Riesgos de Salud (ARS).

Así mismo, consideró como radical dicha posición la cual según explicó se extrapola a los años de la «Guerra Fría» ya que no son planteamientos viables ni razonables.

«De manera que los planteamientos que en ese sentido hace la Coalición por un Mejor Régimen de Seguridad Social, a nuestro entender, no tiene ningún fundamento, debido a que las pretenciones de que sean eliminadas las ARS, se basa en argumentos insostenibles en estos tiempos modernos, porque sin la intermediación no sería posible la dinámica de mercados» indicó.

Precisó, además, que ese planteamiento se contrapone a la Ley 87-01 que establece que los recursos generados mediante el ahorro individual del trabajador, están destinados a solventar las pensiones del afiliado a las AFP, al momento de su retiro definitivo del ámbito laboral.

Díaz Santana, precisó además, que en esa legislación está definida la diferencia entre los dos tipos de cuentas de ahorros, el tradicional a través de las bancas formales y la individual como cuenta de capitalización administrada por las AFP, que son aportados por el trabajador y el empleador.

El también economista y experto en seguridad social, argumentó que en el caso el ahorrante puede realizar desembolsos cuando así lo desee, mientras que, en el caso de las cuentas de capitalización individual, es cuando reúne las condiciones que contempla la Ley que creó el Sistema de Pensiones.

Explicó que parte de los alegatos en que se sustentaron los proponentes de la entrega del 30% de los fondos de pensiones, como el caso de la pandemia que agravó la crisis de los trabajadores, fueron superados o mitigados por los programas sociales implementados por el Gobierno.

Dijo «si los estudios señalan, sobre los cuales he escrito libros, en al Sistema Dominicano de la Seguridad Social, y fui quien redactó el anteproyecto de Ley 87-01, que mediante el actual esquema no es posible otorgar pensiones adecuadas al trabajador; entonces he de imaginar que ocurriría si además les quitamos el 30% a ese proceso de ahorro individual, sería catastrófico para el trabajador a la hora de owsnionarse» aseguró Díaz Santana.

Recordó también que el actual esquema que rige el Sistema Dominicano de la Seguridad Social y el reglamento para su aplicación, fue consensuado con todos los sectores a través de vistas públicas, dirigida por una comisión que encabezó junto al senador de entonces Iván Grullón, que recorrió gran parte del territorio nacional.

El experto en seguridad social, cuestionó además, que los grupos que demanda la eliminación de las ARS, no se refieren a la situación que se dan en clínicas por rebote de pacientes que no realizan copago unilateral e ilegal realizado por médicos que ni siquiera entregan recibo de ese cobro.

El economista calculó que por concepto de esa práctica ilegal los afiliados a la Seguridad Social pagaron en el año 2021 la astronómica cifra de 65 mil 900 pesos, de los cuales el Estado no tiene constancia, porque tampoco recibió pago de impuesto «A eso se agrega el 30 por ciento de su sueldo que paga el trabajador para acceder a esos servicios» indicó.

Precisó «Debido a esos copagos que se están cobrando ahora mismo al trabajador, en realidad no está aportando el 30%, sino el 54% de lo que cuesta el servicio de salud» , estimó Díaz Santana, durante una entrevista concedida a un programa televisivo.

Sobre las AFPs, consideró que bajo el actual esquema del Sistema de la Seguridad Social no se está en capacidad para otorgar pensiones adecuadas, debido a razones multifactoriales, entre ellos el incremento de la expectativa de vida del afiliado y el crecimiento de la informalidad laboral.

Recordó que cuando se creó el Sistema Dominicano de la Seguridad Social en el país en el año 1948, la esperanza de vida de los dominicanos estaba por debajo a 50 años, mientras ahora sobrepasa los 76, lo que asocia al desarrollo de los recursos tecnológicos.

Asimismo, Díaz Santana favoreció que se introduzca modificaciones al Sistema de la Seguridad, a los fines de readecuarlo a los requerimientos de la población, principalmente en lo relativo a la salud, que incluyan la implementación del Plan Básico y la eliminación del copago.

Así mismo, se refirió a la advertencia hecha por EDUCA, en el sentido de que el sistema de pensiones del Ministerio de Educación es insostenible económicamente por ser una pesada carga para el Estado.

Refirió que el concepto originalmente de la Ley 87-01 en sus principios rectores establece que se trata de una legislación universal es decir, que abarca a todos los dominicanos, sin importar que sean asalariado, por lo que en el caso de los maestros, constituye un privilegio, porque debe abarcar el cien por ciento de la población.

«Pero en República Dominicana hay grupos que se sienten con suficiente poder y fuerza para disfrutar de privilegios, como en el caso de los congresistas que a pesar de aprobar ese aspecto de la Ley al mecanismo de las pensiones, se sirvieron con la cuchara grande, estableciendo un sistema sumamente leonino a su favor, también el caso del Poder Judicial y mayorías de las instituciones autónomas y descentralizadas», refirió.

Agregó que, por ese motivo, desde el primer momento, lamentablemente, y dado la debilidad de las instituciones en el país, el sistema de pensiones comenzó a erosionarse y uno de esos factores fue el de los médicos y maestros.

Sostuvo que en el caso de los maestros, la situación es más grave, debido al gran esfuerzo que tuvo que hacer el país, luchando durante años para que se aprobase la asignación del 4% del Presupuesto Nacional, a Educación.

Precisó que de acuerdo a un estudio divulgado hace unos días, el Programa Especial de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio se nutre de un 4% que aporta el maestro y un 8 el Estado en su condición de empleador, pero el mayor agravante fue establecer que durante 15 años el gobierno cubrirá el 100 por ciento de las pensiones que se otorguen en dicho ministerio, concluyó.