Si todas las personas que ocupan o se proponen ocupar un cargo público se prepararan, al menos, con nociones elementales de Derecho Administrativo, muchos de los males que nos afectan como país no existirían. Sin embargo, entiendo que a medida que avancemos en el desarrollo institucional, habrá un nivel de capacitación suficiente para dejar en el pasado los vicios actuales.

En los países desarrollados, los cargos públicos son ocupados por personas que se han preparado para ser servidores públicos. De este modo, no cualquiera puede asumir un cargo, y en muchos casos se exige no solo capacidad, sino también el compromiso de desempeñar sus funciones conforme a las reglas del Derecho.

Lo primero que un servidor público debe hacer es honrar su nombre: servir al público. Entender que es un empleado de todos, y como tal, debe actuar con la responsabilidad que exigen las reglas, en este caso, las del Derecho Administrativo, cuyo principio fundamental es la legalidad.

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La responsabilidad de todo funcionario público es respetar la Constitución, que es la principal fuente del Derecho Administrativo, así como las leyes que rigen la Administración. Si violamos estas reglas, estamos incurriendo en una clara transgresión de dichos principios.

Estudié Derecho para defender derechos, y siempre lo he asumido así. Cuando cursé Derecho Administrativo, sentí una fascinación tal que decidí realizar una maestría en Derecho Administrativo del Estado. Fue entonces cuando comprendí que en nuestro país estamos a varios años luz de aplicar este conocimiento.

Recuerdo a varios de mis profesores insistir en que la Administración debe ser eficiente y eficaz. Estos conceptos, que se aplican en la empresa privada para incrementar la producción, también deberían aplicarse en el Estado.

La eficiencia es la capacidad de lograr resultados con recursos mínimos, mientras que la eficacia es la capacidad de alcanzar objetivos en los plazos y tiempos previstos.

En la República Dominicana debemos entender que, cuando un ciudadano solicita un servicio —sobre todo uno relacionado con derechos, como la salud, la educación o el transporte, entre otros—, este debe ser entregado de la mejor manera posible, con la mejor actitud y en un tiempo razonable para satisfacer al ciudadano.

Otro principio fundamental del Derecho Público es la transparencia. Como empleados de todos los ciudadanos, los servidores públicos tienen la obligación de rendir cuentas, especialmente si manejan recursos. Esta rendición es aún más importante cuando esos recursos son limitados, como suele ocurrir en las instituciones gubernamentales debido a la deuda social acumulada.

El arte de una buena administración radica en hacer mucho con pocos recursos y hacerlo bien. En esto reside la eficiencia y la eficacia, ya que las carencias son tantas que solo una buena administración podría darles respuesta.

En las empresas privadas, los empleados deben ser eficientes y eficaces; de lo contrario, no son contratados, o se les cancela el contrato. Este esquema debería ser considerado en la administración pública, como empleados, debemos ofrecer un buen servicio a nuestros ciudadanos, que son los «clientes».

Cuando solicitamos un servicio, necesitamos una respuesta en el menor tiempo posible. Como clientes del Estado, debemos ser bien atendidos, especialmente en el área de los servicios públicos.

Debería existir una regla que limite el tiempo de espera al menos a tres minutos cuando requerimos una información por teléfono y no exponernos a escuchar anuncios de manera interminable.