El énfasis que el sistema de recaudación dirige a los gastos en que incurren los ciudadanos golpea sin equidad mayormente al amplio sector poblacional que percibe salarios de mediana categoría pero de débil capacidad para adquirir bienes y servicios con el agravante de que permanece desactivada la ley 253-12 que ordena aliviar la presión tributaria y los efectos de la inflación que manifiesta particular intensidad sobre los niveles de consumo que caracterizan a la clase media.

La pausa fatal vigentes desde el 2018 en que está puesto el mecanismo legal que protegería el alcance salarial de las familias que perciben RD$34,685.00 mensuales o algo más conduce por efectos impositivos a una pérdida de capacidad de adquisiciones que globalmente equivaldrá este año a RD$ 15,857.5 millones que seguirán hacia las arcas del Estado, según los cálculos del analista fiscal Nelson Suárez.

El régimen impositivo presente se niega a reaccionar a la realidad de que el gasto promedio familiar para la subsistencia a mitad de la escala social asciende a RD$42,060.48 mensuales y que la inflación acumulada a marzo de 2023 arribó a 36.81%. No ajustar impuestos mediante indexación a la realidad de presupuestos familiares para cubrir diversas necesidades toma por el cuello a mucha gente.

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La ley, mutilada por intereses político-gubernamentales y las agendas de conquistar o conservar aceptación ciudadana, ordena que cada año las tasas aplicadas por el Fisco para apoderarse de una parte de los salarios que predominan en la golpeada clase media sean ajustadas en función de la inflación acumulada y certificada por el Banco Central. La primera anulación del efecto benéfico para contribuyentes que siguen siendo de pocos recursos se aplicó por sucesivas enmiendas legislativas para los años 2013, 2014 y 2015.

Luego se convirtió en rutina mantener el carácter confiscatorio del ingreso al sector poblacional que está situado entre los segmentos de los más pobres, de un lado, y los más ricos del país, del otro. Unos son habituales receptores de asistencias sociales y permisividades para consumir agua y luz sin pagar, habitando terrenos sin certificación de propiedad ni costos; y los otros resultan, fácticamente poderosos para escapar de la presión fiscal. Las dos capas que presionan a la zona media de pobladores. El típico emparedado que perjudica a una sola parte.

Suárez calcula que 600 mil asalariados formales verán esfumados de sus bolsillos en este año una importante fracción de sus ingresos en un contexto de alta inflación.

Detonantes del mal

Las administraciones del Estado no han logrado históricamente respaldar sus presupuestos con recaudaciones directas sobre los niveles altos de la generación de ingresos y posesión de bienes siéndoles más fácil mantener el grueso de sus captaciones de efectos regresivos sobre quienes viven de sueldos regulares que no escapan de modo alguno a la acción de sus empleadores como agentes de retención, algunos de los cuales se reservan para sí tales valores, defraudando al Fisco tanto como a los contribuyentes.

Las recomendaciones a autoridades dominicanas de organismos como el Banco Interamericano de Desarrollo de que deben tomar la senda de la sostenibilidad fiscal aumentando sus ingresos para expandir la capacidad de invertir socialmente son pasadas por alto; postergadas para evitarles disgustos a los élites y a ruidosos núcleos de la partidocracia opositora. No hay voluntad política contra la dominante cultura de no tributar en sectores sociales que resultan útiles a los partidos como votantes o como cotizantes de proyectos electorales. Capaces de subir a las tribunas para halarle mediáticamente la alfombra a quien tenga la sartén por el mango si no les compran silencio.

Un gasto público excedido de pretensiones, mayormente para mitigaciones y para el sostenimiento de una burocracia que supera parámetros de la mayoría de las otras economías del mundo, explica el alto endeudamiento del Estado y genera dudas sobre la racionalidad en el manejo de los recursos que aportan los contribuyentes que preferirían ver que los gobernantes administran correctamente lo que proviene del sudor de sus frentes. Se tiende a justificar la evasión. ¿De qué sirve tributar más?

Estas inferencias hallan evidencias en un informe de un organismo multilateral emitido tras el primer año de gestión 2020-2024 que decía que, ya comenzando: «La deuda pública de la República Dominicana alcanzará su nivel histórico más alto, llegando a representar cerca del 70% del PIB. El impacto de esta pandemia global sin precedentes agravó una situación que venía registrándose desde antes»; y advertía que un nivel de gasto público bajo (como ha existido a pesar de las alharacas del proselitismo) limita la capacidad del Estado para brindar servicios públicos de calidad y asegurar la igualdad de oportunidades en el acceso a los mismos.

«Por eso es necesario que el país aumente sus ingresos fiscales como parte de su estrategia de desarrollo sostenible», opinó el BID. Y como no ha ocurrido así, un informe del PNUD significó pocos años atrás que: «República Dominicana es el país de América Latina cuya posición en el ranking de desarrollo humano se encuentra muy por debajo de lo que cabría esperar por su PIB per cápita».

Llevados por la «corriente»

Los criterios políticos ordinarios llevaron al Estado dominicano a una dimensión exagerada, única en el mundo, a costa de los contribuyentes y en esta misma semana uno de los «vicios de la vocación de poder» aparece denunciado en el artículo semanal del economista Bernardo Vega en este diario que recuerda que este país está absurdamente dividido en 31 provincias que superan con enorme costo fiscal en número de autoridades regionales a naciones mucho más extensas y ricas como Estados Unidos y Panamá. (alimento para el caciquismo partidario)

Un solo párrafo de su periódica colaboración puso de relieve este vez la enormidad del gasto corriente dominicano para ilustra suficientemente sobre el despropósito: «En ningún país de Centroamérica y el Caribe existe una atomización tan fuerte del territorio. El resultado es que gastamos una cantidad extraordinaria de impuestos para pagar senadores, diputados (incluyendo de ultramar y Parlacem) alcaldes, regidores etc. en vez de dedicar más recursos a la educación y la salud».

En lo que se podría interpretar como preocupación del Banco Mundial por el megacrecimiento de la burocracia dominicana (capaz de reducir la eficiencia del Estado) la entidad advirtió hace un par de años que en este país «la fragmentación institucional plantea un desafío crítico para la formulación de políticas económicas. La coordinación inadecuada entre las agencias públicas socaba la efectividad y eficiencia de la prestación de servicios y refuerza la estructura monopólica de sectores económicos clave». Y específicamente en un informe suyo el Estado dominicano aparece como situado en «una trayectoria de deuda insostenible y con tasas de creación de empleos lenta». Es tanto como decir que el crecimiento del gasto corriente no ha resuelto problemas fundamentales.

Un fisco suicida

Un informe sobre desarrollo humano advirtió temprano al gobierno actual que para reducir el recurrente déficit fiscal tendría que recurrir a un aumento significativo de los ingresos que comparados con los demás países de América Latina son, de por sí «excepcionalmente bajos». Dos años antes y sin que la insuficiencia fuera combatida, el fisco recaudó solamente el 14.4% del PIB.

Una de las razones para el enflaquecimiento del erario provenía de la «gran cantidad de exenciones y tasas reducidas de los principales impuestos. En el caso particular del ITBIS, por ejemplo, la proporción de la base imponible potencial que está exonerada asciende a más del 50% del total. Sumado a esto, la mayor parte de esos ingresos potenciales no gravados favorecen a los estratos sociales de mayor poder adquisitivo, con lo cual se agudiza la desigualdad distributiva en un contexto en el cual amplios sectores de la población viven en la pobreza o en la indigencia».

Ha perdido legitimidad La política fiscal que niega librar de impuestos (a través de la indexación anti-inflacionaria) a los ingresos de la clase media que aun percibiendo salarios superiores a los mínimos, viaja por la vida con billeteras de contenidos que no llegan al promedio de remuneración que colma necesidades básicas de ese estamento que es de RD$42,060.48 al mes.