Ya lo anunció Yeni Berenice Reynoso, directora de Persecución del Ministerio Público: el próximo objetivo, en la llamada operación Calamar, lo es el diputado del PRM Sergio Moya (Gori), a quien la acusación señala como uno de los coordinadores del esquema de supuesta extorsión a propietarios de bancas ilegales (legisladores incluidos) que se habría creado desde el Ministerio de Hacienda.

Rebosante de satisfacción por el deber cumplido luego de que la jueza Kenya Romero impuso medidas de coerción a los imputados, la funcionaria informó a los periodistas que próximamente solicitará a la Suprema Corte de Justicia la designación de un juez de instrucción para iniciar la investigación contra el diputado oficialista, quien se declaró inocente de las acusaciones y prometió abandonar la vida pública y la posición de legislador si se llega a comprobar su culpabilidad. “Que quede claro. Yo creo en el sistema de justicia y en el rol del Ministerio Público, además de que el que nada debe nada teme”.

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Todo indica que muy pronto tendrá la oportunidad de poner a prueba esa confianza, y luego se sabrá si es verdad que cumplirá su promesa de abandonar su curul en la Cámara de Diputados.

Que mas abandonada no la puede tener, en realidad, pues a raíz de su vinculación al caso Calamar salió a relucir la gran cantidad de ausencias que acumula (más de 100), sus pocas propuestas, y su nula participación pública en su condición de legislador. Tampoco habla con la prensa ni da declaraciones, por lo que puede decirse que su única función legislativa es votar, siempre y cuando esté presente. Pero no hay constancia de que la Cámara lo echara de menos o que su partido le reclamara su poca productividad; y ni hablar de sus electores, que luego de votarle se desentendieron de su representante como el que se desentiende de un billete pelao. ¿Qué para qué sirve un diputado con esas características? Es evidente que para nada, pero me temo que el honorable ausente no opina lo mismo.