La regularización de inmigrantes en España: un rayo de esperanza en un mar de restricciones de Europa

Redacción internacional, 27 ene (EFE).- La regularización extraordinaria de medio millón de inmigrantes iniciada este martes en España contrasta con la tendencia mayoritaria en Europa, donde la mano dura con la migración irregular está al orden del día, impulsada por el auge en las perspectivas de voto de la extrema derecha.

Aunque hay ejemplos históricos de regularizaciones masivas de migrantes en países europeos como Francia, Italia o Bélgica, ese tipo de procesos parecen ser cosa del pasado y, en los años más recientes, varios de ellos han respondido a sucesos extraordinarios, como la pandemia o la guerra en Ucrania.

La mayoría de los Gobiernos del continente han virado hacia enfoques cada vez más restrictivos y las leyes europeas recientes también han ido en la línea de complicar el acceso al derecho de asilo, por lo que es muy improbable que alguno de sus vecinos siga los pasos de España.

Giros en Francia e Italia

En Francia, hace casi tres décadas que no se produce una regularización amplia: en 1998, el gobierno socialista de Lionel Jospin permitió estabilizar la situación de 15.700 migrantes y, en 1981, François Mitterrand promovió la concesión de permisos para unos 100.000 trabajadores inmigrantes que llevaban más de un año en el país.

Las tornas han cambiado desde entonces y las últimas normas aprobadas en el país han simplificado la expulsión de extranjeros delincuentes y han endurecido las condiciones para adquirir la nacionalidad francesa, mientras la ultraderechista Agrupación Nacional de Marine Le Pen se convertía en el partido más numeroso en la Asamblea Nacional.

Unos 700.000 inmigrantes sin papeles viven ahora en Francia, según el ministerio de Interior francés, que informó este martes de un descenso en las regularizaciones del 10,1 % en 2025 respecto a 2024 y de un aumento del 15,7 % en las expulsiones de indocumentados.

El Ejecutivo de Giorgia Meloni en Italia ha apostado por combatir la migración irregular y externalizar la gestión migratoria en países terceros: lejos queda la regularización de inmigrantes de 2020, que coincidió con la pandemia y que benefició a más de 130.000 personas pese a muchos retrasos burocráticos.

El sistema por el que ha apostado Meloni son los conocidos como "decretos flujos", que establecen cuotas de entrada legal por motivos laborales en función de las exigencias del mercado, con 164.850 entradas previstas para 2026, pero que no se aplica a los migrantes que ya están irregularmente en el país.

Vuelcos en Portugal, Bélgica y Grecia

En Portugal se ha dado todo un vuelco: en 2020, debido a la pandemia, se decretó reconocer los títulos de residencia de inmigrantes que estuvieran expirados, una medida que estuvo en vigor hasta el pasado octubre y que pudo haber beneficiado a más de 374.000 inmigrantes.

Pero el actual Gobierno conservador de Luís Montenegro no solo dejó que ese decreto caducara, sino que también eliminó la llamada 'manifestación de interés' que facilitaba la regularización de los extranjeros que llevaran un año cotizando, y fue más allá al aprobar, con ayuda de la ultraderechista Chega, una reforma que limita la reagrupación familiar de los migrantes.

Por su parte, Bélgica llevó a cabo tres regularizaciones masivas de personas en situación irregular en los últimos 50 años -en 1974, 1999 y 2009, pero ahora esos procesos se desarrollan caso por caso y el actual Gobierno del nacionalista flamenco Bart de Wever ha prometido endurecer los criterios para la residencia.

En Grecia, el Parlamento aprobó en 2023 permisos de residencia y trabajo para unos 30.000 inmigrantes irregulares debido a la escasez de mano de obra, pero al mismo tiempo ha eliminado la posibilidad de regularización tras siete años de residencia y ha prohibido presentar solicitudes de asilo a quienes lleguen de forma irregular desde el norte de África.

Alemania, Austria y Suiza, ajenos a las regularizaciones masivas

En Alemania, en cambio, no ha habido programas masivos de regularización de inmigrantes indocumentados y lo más parecido a un alivio para esas personas es lograr el asilo o bien el estatus de "tolerados", que aplaza la orden de expulsión del país tras la denegación del refugio.

El estatus de "tolerados", que beneficia mayoritariamente a migrantes de regiones en crisis y a mujeres embarazadas, puede abrir la puerta a una regularización puntual: por ejemplo, en 2006 se expidieron 50.000 permisos de residencia para esos grupos.

Pero el Gobierno alemán actual, y en especial el ministro de Interior Alexander Dobrindt, quiere reducir la migración irregular y aumentar las deportaciones, en un contexto marcado por la pujanza de la ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD).

En Austria tampoco ha habido regularizaciones generales y el Gobierno actual endureció el año pasado las políticas migratorias, anulando la reunificación familiar para los refugiados y autorizando deportaciones a países en conflicto como Siria y Afganistán.

Pese a contar con un tercio de población extranjera, Suiza tampoco ha optado nunca por las regularizaciones masivas, aunque sí proporcionó asilo a decenas de miles de refugiados tras las guerras de la Antigua Yugoslavia y concedió, como otros países europeos, protección a los ucranianos debido al actual conflicto en el país.

Hungría: el modelo para la ultraderecha

El Gobierno húngaro del ultranacionalista Viktor Orbán aplica desde 2015 una restricción con duras políticas que imposibilitan pedir asilo desde dentro del país y obligan a hacerlo desde Ucrania o Serbia, lo que ha provocado que en todo 2024 apenas se registraran 29 solicitudes, según las autoridades.

Por último, Dinamarca ha impulsado desde 2001 una política dura en inmigración apoyada tanto por gobiernos de derecha como de izquierda, que han excluido cualquier tipo de regularización masiva de inmigrantes. EFE