Conclusiones
Entre 5 y 20 | MP solicita 340 años de prisión para 28 encartados en caso corrupción; aquí la lista
El Ministerio Público dice que los señalados desfalcaron al Estado por más de 4,500 millones de pesos.

El Ministerio Público presentó sus conclusiones este jueves.
El Ministerio Público solicita que el Primer Tribunal Colegiado del Distrito Nacional imponga 340 años de prisión a los 28 encartados por presunta corrupción administrativa, con penas que van, de manera individual, de 5 a 20 años.
La petición del órgano acusador incluye multas que suman más de 7 mil salarios mínimos, repartidas entre 200 y 400 por persona. Los señalados enfrentan a la justicia por, supuestamente, desfalcar al Estado por más de 4,500 millones de pesos.
Entre los 28, se sindica a los generales Adán Benoni Cáceres Silvestre, Juan Carlos Torres Robiou y Julio Camilo De los Santos Viola como principales imputados.
Durante la audiencia de este jueves, la solicitud de los fiscales, encabezada por la procuradora de corte Mirna Ortiz, titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), incluye la suspensión de operaciones y disolución de la Iglesia Bautista Vida Eterna, así como la imposición de una multa de 200 salarios mínimos.
Asimismo, pide el cese de las operaciones de las compañías Hacienda Kelman SRL, R&F Agroindustrial, Aldom Glass Aluminium SRL, Randa Internacional Company y CSNA Universo Empresarial SRL, incluyendo la disolución y la imposición de una multa de 10 millones de pesos para la razón social Rawel Importadores SRL.
A continuación, la lista detallada de la petición del Ministerio Público contra cada uno de los encartados, tanto personas físicas como jurídicas:
1. Adán Cáceres: 20 años de prisión, multa de 400 salarios mínimos
2. Torres Robiou: 20 años de prisión, multa de 400 salarios mínimos
3. Núñez de Aza: 20 años de prisión, multa de 400 salarios mínimos
4. De los Santos Viola: 20 años de prisión, multa de 400 salarios mínimos
5. Raúl Girón: 5 años de prisión, multa de 200 salarios mínimos
6. Boanerges: 20 años de prisión, multa de 400 salarios mínimos
7. Mata Flores: 20 años de prisión, multa de 400 salarios mínimos
8. Lantigua Cruz: 5 años de prisión, multa de 500 mil pesos
9. Guzmán Alcántara: 10 años de prisión, multa pendiente de especificar
10. Ventura Pichardo: 5 años de prisión, multa de 500 mil pesos
11. Rossy Guzmán: 15 años de prisión, multa de 300 salarios mínimos
12. Tanner: 10 años de prisión, multa de 200 salarios mínimos
13. Pérez Núñez: 10 años de prisión, multa de 200 salarios mínimos
14. Kelman Santana: 15 años de prisión, multa de 300 salarios mínimos
15. Rosario Pirón: 10 años de prisión, multa de 200 salarios mínimos
16. Rodríguez Jiménez: 10 años de prisión, multa de 200 salarios mínimos
17. Esmeralda: 10 años de prisión, multa de 400 salarios mínimos
18. Montero Cruz: 10 años de prisión, multa pendiente de especificar
19. Peña Lebrón: 10 años de prisión, multa de 200 salarios mínimos
20. Lucía de los Santos: 10 años de prisión, multa de 200 salarios mínimos
21. Manuel de Jesús: 10 años de prisión, multa de 200 salarios mínimos
22. Trinidad Santiago: 10 años de prisión, multa de 200 salarios mínimos
23. Emmanuel: 10 años de prisión, multa de 200 salarios mínimos
24. Del Rosario Viola: 10 años de prisión, multa de 200 salarios mínimos
25. Castillo Nolasco: 15 años de prisión, multa de 300 salarios mínimos
26. Iglesia Vida Eterna: suspensión de operaciones, multa de 200 salarios mínimos
27. Pereyra Núñez: 10 años de prisión, multa de 200 salarios mínimos
28. Suárez Peguero: 10 años de prisión, multa de 200 salarios mínimos
29. Guillermo de Jesús Torres: 10 años de prisión, multa de 200 salarios mínimos
30. CSNA: clausura de operaciones, disolución y multa de 200 salarios mínimos
31. IRL: clausura de operaciones, multa pendiente de especificar
32. Aldom Glass: clausura de operaciones
33. Rawel Importadores: multa de 10 millones de pesos, ya acreditada ante el MP.
El Ministerio Público acusa a Cáceres Silvestre de encabezar una presunta red que operó entre 2012 y 2020. El órgano persecutor dice que los imputados desviaron fondos públicos del Cuerpo de Seguridad Presidencial (Cusep) y del Cuerpo Especializado de Seguridad Turística (Cestur), así como del Consejo Nacional para la Niñez y la Adolescencia (Conani).