Áreas protegidas en RD: ¿qué establece la ley y por qué están bajo investigación?

La procuradora general de la República instruyó la realización de una investigación exhaustiva e inmediata sobre las afectaciones, ocupaciones ilegales y posibles fraudes inmobiliarios en diversas áreas protegidas del país.

La República Dominicana tiene una superficie terrestre protegida de 25.32% del territorio nacional. Incluye, además una marina protegida de equivalente al 10. 8 % de las aguas marinas dominicana (Ley 66-07).

El Sistema Nacional de Áreas Protegidas (Sinap) cuenta con 131 unidades de conservación, clasificadas en seis categorías y trece subcategorías de manejo alineadas a las definidas por la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza-UICN, las cuales conforman dicho sistema, según la Ley Sectorial de Áreas Protegidas 202 –04 y otras disposiciones legales vigentes.

 ¿Qué dice esa ley?

El Artículo 13 divide las áreas en seis categorías, integradas en el Sinap.

Categoría 1: Áreas de protección estricta

Incluye Reservas Científicas y Santuarios de Mamíferos Marinos: protegen ecosistemas o recursos naturales singulares. Uso muy limitado: investigación, monitoreo, educación y ecoturismo controlado (Art. 14).

Categoría 2: Parques nacionales

(Parque Nacional y Parque Nacional Submarino): conservan grandes ecosistemas terrestres o marinos. Permiten investigación, educación, recreación y ecoturismo regulado.

Categoría 3: Monumentos naturales

(Monumento Natural y Monumento Cultural): protegen elementos naturales o culturales específicos de alto valor ecológico, estético o histórico.

Categoría 4: Áreas de manejo de hábitat/especies

(Refugio de Vida Silvestre): protegen especies o hábitats que pueden requerir manejo activo; permiten aprovechamiento controlado y ecoturismo.

Categoría 5: Reservas naturales

(Reservas Forestales, Bosque Modelo, Reserva Privada): conservan recursos naturales permitiendo uso sostenible y actividades tradicionales bajo plan de manejo.

(Vías Panorámicas, Corredores Ecológicos, Áreas Nacionales de Recreo): mantienen paisajes donde existe interacción armónica entre ser humano y naturaleza, permitiendo usos productivos regulados.

En todos los casos, los usos y restricciones específicas se establecen mediante planes de manejo aprobados por el Ministerio de Medio Ambiente, conforme a la ley. 

¿Qué motivó a la procuradora general de la República la investigación? 

La instrucción de la magistrada incluye el Parque Nacional Jaragua, la zona de Bucanyé, Valle Nuevo, las Dunas de Baní, la Sierra de Bahoruco y el Parque Nacional Hoyo del Pino.

Con ese propósito, Berenice Reynoso designó una fuerza de tarea especial conformada por titulares de diversas áreas especializadas, bajo la coordinación del procurador adjunto Wilson Camacho, titular de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público.

La instrucción establece que el equipo debe extender sus indagatorias a “todos los actos jurídicos, administrativos o transacciones que hayan dado lugar a la expedición de títulos de propiedad o acciones privadas que afecten la integridad de estas áreas protegidas”.

Su objetivo es “determinar la existencia de entramados criminales, corrupción, falsificación o prevaricación que hayan facilitado el apoderamiento de patrimonio público natural”, explica la instrucción de Yeni Berenice.

Asimismo, la Procuradora dispuso que la fuerza de tarea designada realice, en conjunto con el Ministerio de Medio Ambiente y Recursos Naturales, un informe pormenorizado sobre la situación jurídica y el impacto de los delitos medioambientales en los espacios que conforman el Sinap.