Brasil en busca de un etanol sea
sustentable para enfrentar críticas

Por Roberto Villar Belmonte *
PORTO ALEGRE, Brasil, jul (Tierramérica) Para minimizar las críticas internacionales que recibe la industria del alcohol de caña de azúcar, el gobierno de Brasil anunció que prohibirá los cañaverales en la Amazonia y en el Pantanal.

Además, investigadores y productores apuntan a eliminar la quema de los cañaverales y promueven la recolección de caña cruda, la siembra directa y la rotación con cultivos de alimentos para dar respuesta a los principales temores que despierta una expansión descontrolada de la caña.

Tras la divulgación este año de nuevos datos científicos sobre el grave impacto del calentamiento global causado sobre todo por los combustibles fósiles, el etanol o alcohol carburante pasó a ser visto como alternativa para reducir el consumo de gasolina, pues su combustión emite menos gases de efecto invernadero.

Este atributo ecológico aceleró el boom de la industria alcoholera brasileña y dio pie a preocupaciones ambientales, voceadas con insistencia por los presidentes Fidel Castro, de Cuba, y Hugo Chávez, de Venezuela.

La quema de las cañas para eliminar las hojas o rastrojos antes de la cosecha, que se practica en la mayoría de las plantaciones, lanza a la atmósfera casi 4.500 kilogramos de dióxido de carbono por hectárea.

Otro temor es que los nuevos cañaverales ocupen áreas destinadas a alimentos, como ocurrió en los últimos años en la zona de Monte Azul, en el norte del sureño estado de São Paulo, tradicional productora de naranjas que ha visto reemplazadas muchas huertas frutales por caña. Una posible mayor deforestación de la Amazonia también desvela a los ambientalistas.

En parte para atajar esos argumentos, el Ministerio de Agricultura de Brasil anunció el 17 de este mes que prohibirá los cañaverales en la Amazonia y en el Pantanal, gigantesco humedal ubicado en el oeste de este país. La prohibición se hará efectiva mediante un ordenamiento territorial de las áreas en las que podrán practicarse nuevas siembras, y que estará listo en un año.

El propósito es incentivar el avance de la caña en zonas agrícolas ya degradadas por pasturas. Otra medida anunciada es la certificación social y ambiental de toda la cadena productiva azucarera, en la que trabajan técnicos de la Empresa Brasileña de Pesquisas Agropecuarias y que será discutida en breve con los empresarios del sector.

«La expansión de la caña en São Paulo ya se da sobre todo en zonas de pasturas, e incluso integrada a la agropecuaria. No hay necesidad de ocupar bosques, pues este país tiene mucha tierra degradada disponible», dijo a Tierramérica Marcos Landell, director del Centro de Caña del Instituto Agronómico (IAC por sus siglas en portugués).

Un estudio del IAC, vinculado al gobierno del estado paulista, muestra que en los últimos 30 años la productividad pasó de 65 toneladas de caña o 90 toneladas por hectárea. También creció la cantidad de cosechas que admiten las plantas, de tres a seis, lo que abatió los costos de nuevas siembras y su impacto ambiental.

Aumenta asimismo la recolección mecánica de la caña cruda. Así las hojas no se queman y caen al suelo como abono. Según Landell, en algunas zonas se depositan hasta 20 toneladas de rastrojos por hectárea y por año, que representan un gran retorno de material orgánico para los suelos tropicales.

La caña ocupa hoy siete millones de hectáreas en Brasil, cuatro millones de ellas sólo en São Paulo. Con la productividad de 30 años atrás, se necesitaría el doble de superficie para obtener la misma cantidad de alcohol que hoy se obtiene, unos siete mil litros por hectárea que los empresarios esperan llevar hasta 11 mil litros en los próximos años, mediante mejoramientos genéticos e industriales.

En 15 años más, el aumento del rendimiento en todo el sistema productivo debería ser de 80 por ciento. «De este modo, el área plantada no pasaría de 30 millones de hectáreas», según el investigador Landell.

En la última década, los planes de mejoramiento permitieron plantar más de 80 tipos de caña azucarera, «el cultivo con mayor cantidad de variedades en cada predio. Esta diversidad crea resistencia y sirve como protección a las enfermedades», explicó.

Se usan por tanto menos plaguicidas, pues las variedades desarrolladas son resistentes a muchas enfermedades habituales de los cañaverales.

*Colaborador de Tierramérica.

ACENTOS
Grieta de seguridad en obras hidráulicas argentinas
Por Claudia Mazzeo* – IPS/IFEJ
Argentina podría afrontar un desastre ambiental y humano si no adopta una ley de seguridad de las presas que contemple los factores de riesgo, advierten técnicos.

BUENOS AIRES, jul (IPS/IFEJ) Más de 500 presas colapsaron en el mundo desde mediados del siglo XX. En Argentina, el escaso mantenimiento y el envejecimiento de las construidas antes de los años 70, la falta de coordinación de entidades regulatorias y los magros presupuestos causan un riesgo latente.

Pese a integrar el Comité Técnico de Seguridad de la Comisión Internacional de Grandes Presas junto a países que implementaron hace décadas pautas de seguridad para sus obras hidráulicas, Argentina afronta un futuro incierto.

La participación del Estado en el proyecto y construcción de la mayor parte de las presas del país garantizaron décadas atrás la seguridad operativa y estructural de las obras, coinciden especialistas.

Pero el traspaso al sector privado de la mayoría de los aprovechamientos hidroeléctricos, unido a la ausencia o escasa intervención de entidades regulatorias, trazaron una grieta profunda por donde se filtra mucho más que agua.

«La gente entiende que es necesaria la seguridad nuclear, pero no tiene la misma percepción en relación con las obras hidráulicas. Cuando se rompe una presa las consecuencias pueden ser inconmensurables y su impacto suele durar decenas de años, representando una catástrofe en pérdidas de vidas, daños a la propiedad y al ambiente», afirmó al ser entrevistado el ingeniero Francisco Luis Giuliani, director del Organismo Regulador de Seguridad de Presas (Orsep).

El Orsep nació en 1999 para controlar las presas privatizadas del país, que representan 30 por ciento del total. Pero quedan fuera de su jurisdicción las obras hidráulicas provinciales, si bien pueden solicitar la asistencia técnica de este organismo, que a tal fin ya firmó convenios con los gobiernos de Mendoza, Salta, Jujuy, La Rioja y Córdoba.

Argentina cuenta con algo más de 100 presas, nada comparadas con las 40 mil grandes obras levantadas en Estados Unidos. La mitad son para generación eléctrica.

Los memoriosos evocan épocas de gloria en las que la ingeniería hidráulica era protagonista y daba frutos como las presas de San Roque, Alicurá, Piedra del Águila y Chocón, Florentino Ameghino y Salto Grande (obra binacional sobre el río Uruguay).

Otras pasaron a la notoriedad por motivos políticos, como Yacyretá, obra argentino-paraguaya sobre el río Paraná cuyo costo, previsto al inicio en dos mil millones de dólares, ya superó los 10 mil millones de dólares.

Pero la hidráulica también tiene cara y cruz. Desde mediados del siglo XX es posible contabilizar más de 500 colapsos de presas que enlutaron a la comunidad internacional.

Entre ellas, la de Panshet (India, 1961) dejó cuatro mil víctimas. La del río Vaiont (Italia, 1963), dos mil 600 muertos. Oros (Brasil, 1960) produjo mil decesos. En Argentina, el mendocino dique Frías, en el oeste del país, ocasionó una veintena de muertes. Corría 1970 y una crecida que superó las condiciones de diseño lo hizo colapsar.

En 2000, en el dique del norteño Anillaco cedió una pared de la obra de contención y se desbordaron entre 500 y 900 millones de litros. Por fortuna, sólo 100 de los mil habitantes del pueblo lindero fueron afectados: perdieron sus casas o suelos agrícolas.

«Se salvaron de milagro. Esta obra ni un estudiante de ingeniería la hubiera proyectado: sin terraplén y sin criterio», opinó Giuliani.

Piedra del Águila, una obra para generación de energía, riego y control de crecidas del río Limay, en la sudoccidental provincia de Neuquén, no dejó victimas pero sí gastos de reparación en 1998, cuando presentó fisuras menores por donde ingresó el agua.

* Este artículo es parte de una serie sobre desarrollo sustentable producida en conjunto por IPS (Inter Press Service) e IFEJ (siglas en inglés de Federación Internacional de Periodistas Ambientales)

ECOBREVES
HONDURAS
Impulsan pequeñas centrales hidroeléctricas
TEGUCIGALPA.- Cuatro comunidades de la biosfera del Río Plátano, que une los orientales departamentos hondureños de Olancho, La Mosquitia y El Paraíso, impulsan proyectos de energía renovable para el desarrollo de sus comunidades.

«En unos tres años esperamos generar cerca de 165 kilovatios de energía que beneficiarán a cerca de mil personas», dijo a Tierramérica Rudy Rubí, representante de tres comunidades de Olancho, tras presentar su iniciativa el 16 de este mes a la cooperación internacional en Tegucigalpa.

«Aprovecharemos las cuencas de agua, mediante pequeñas represas hidroeléctricas, utilizando técnicas amigables con el bosque», agregó.

La iniciativa, apoyada por el Programa de Pequeñas Donaciones impulsado por la Organización de las Naciones Unidas y el Fondo para el Medio Ambiente Mundial, también busca proteger 13 mil hectáreas de bosques en esa biosfera.

BRASIL
Divulgan lista de empresarios esclavistas
BRASILIA.- Ciento noventa y dos personas físicas y jurídicas de Brasil fueron descubiertas explotando trabajadores en condiciones similares a la esclavitud, según un análisis divulgado este mes por el Ministerio de Trabajo de este país. En los últimos años fueron liberados más de 20 mil trabajadores.

«El trabajo esclavo está asociado al delito ambiental, pues ocurre fundamentalmente en las nuevas fronteras agrícolas de la Amazonia y el Cerrado, en áreas rurales con tala de bosque nativo», informó a Tierramérica Marcelo Campos, coordinador del Grupo Móvil de Combate al Trabajo Esclavo del Ministerio.

Los empleadores imputados y colocados en la llamada «Lista sucia» no pueden obtener préstamos en bancos oficiales.

Brasil abolió la esclavitud hace casi 120 años.

MÉXICO
Campaña contra publicidad de alimentos
MÉXICO.- La organización no gubernamental mexicana Poder del Consumidor, que mediante denuncia logró sacar de la televisión una publicidad de cereales para niños, prepara nuevos recursos contra anuncios similares e impulsa una regulación legislativa.

En junio, el grupo denunció ante la estatal Procuraduría Federal del Consumidor una publicidad del cereal Zucaritas de la firma Kellogg’s, alegando que engañaba a los niños al hacerles creer que les permitía dar saltos de casi tres metros. La pieza salió del aire a inicios de julio.

«La estrategia es continuar las denuncias y aprovechar el clima favorable para regular la publicidad de comida chatarra», dijo a Tierramérica el director de Poder del Consumidor, Alejandro Calvillo.

Activistas y médicos sostienen que estos alimentos son nocivos para los niños y fomentan la obesidad. Desde 2006 el Congreso legislativo discute iniciativas para regularlos.