Operación Calamar
Defensa dice Guerrero cumplió sentencia TC y evitó demanda Estado
Los abogados del exministro Hacienda recordaron que por desacato a decisión del TC, institución fue multada y su extitular Jochy Vicente sometido personalmente.
Juicio preliminar operación Calamar.
La defensa de Donald Guerrero concluyó ayer la presentación de sus conclusiones generales sobre la acusación que le hace el Ministerio Pùblico, reiterando la inocencia del exministro de Hacienda de los cargos que se le imputan en el supuesto fraude cometido contra el Estado con el pago de expropiaciones de terreros.
El equipo, encabezado por Ramón Núñez, sostuvo que el exfuncionario no tenía otra opción que ordenar el pago de los terrenos privados que el Estado Dominicano tomó para uso público, porque así lo dispuso el Tribunal Constitucional (TC) mediante varias sentencias.
Entre ellas resaltaron las número TC/0224/19 y RC/0181/20, en las que la alta corte reitera que “las expropiaciones sin el pago previo del justo valor son inconstitucionales”, y ordena a las instituciones estatales cumplir con el pago.
Agregó que mediante la sentencia TC/0193/14 dicho tribunal ordenó al Ministerio de Hacienda a pagar a particulares por violaciones al derecho de propiedad, y que el no cumplimiento de la misma, o el pago tardío, conllevó a que la institución fuera condenada al pago de astreintes que podrían ascender a RD$10,000 y RD$50,000 por cada día de incumplimiento.
Recordó que por desacato de la sentencia definitiva del TC, también el entonces titular de Hacienda Jochy Vicente, fue sometido personalmente a la justicia.
“Si Donald Guerrero no acataba la sentencia del 2017, ratificada por el TC en el 2018, en el 2019 y en el 2020, eso le acarrearía a él una demanda en responsabilidad patrimonial, y una demanda también al Estado Dominicano”, subrayó la defensa.
cómo lo evitó?
Según la defensa, Donald procedió a analizar y actualizar los expedientes de pago, verificando que cada uno tuviera su correspondiente título, “y tras comprobar que todos tenía su derecho de expropiación, la prueba, incluso por sentencia de otros tribunales, y que ningún inmueble fue transferido hasta que el MP así lo quiso, “el Ministerio de Hacienda, conforme a sus atribuciones legales y dentro del marco de sus facultades constitucionales procedió a dar cumplimiento al mandato del TC. “En consecuencia, aquí no hay fraude”, dijo defensa.
