Defensa suspendido fiscal incidenta medida coerción

Pasadas las 11:30 de la noche, los incidentes presentados por la defensa del suspendido fiscal Aurelio Valdez Alcántara habían impedido que la audiencia de solicitud de medida de coerción en su contra avanzara hacia el objetivo del Ministerio Público, de que sea enviado a prisión preventiva por un año.

En principio, la defensa, encabezada por el abogado Valentín Medrano, procuraba que el tribunal hiciera bajar de estrados al representante del Ministerio Público, Wilson Camacho, con el alegato de que el superior jerárquico del suspendido fiscal no tenía facultad para representar al órgano de persecución en el proceso.

Con el segundo incidente presentado, la defensa del imputado de supuestamente solicitar como soborno USD$150,000, un vehículo de alta gama y otras propiedades, de Roberto Canaán, testigo del Ministerio Público en el caso Senasa, pretendía la nulidad de la investigación realizada por Camacho y la procuradora Yeni Berenice Reynoso para la solicitud de medida de coerción.

Según el alegato de la defensa de Valdez Alcántara, quien tiene atribución para esas diligencias procesales es el procurador general de la Corte de Apelación del Distrito Nacional, José del Carmen Sepúlveda.

En respuesta a esa posición, Camacho pidió al tribunal rechazar tales pretensiones de la defensa, afirmando que el órgano acusador “es único e indivisible” por mandato de la Constitución, su Ley Orgánica número 133-11, y el Código Procesal Penal (CPP) .

Todos los incidentes planteados hasta la hora más arriba indicada, fueron rechazados por la magistrada Muñoz Duarte, quien en una primera oportunidad fue recusada por el imputado y sus abogados.

Se recuerda que el suspendido fiscal Valdez Alcántara fue quien encabezó la investigación del caso Senasa por el que hay siete personas guardando prisión preventiva, incluido el exdirector de la institución el doctor Santiago Hazim, por un alegado fraude de RD$15 mil millones.

Fue arrestado en flagrante delito el 27 de marzo del año en curso, luego de supuestamente recibir un abono de USD$10,000 que le hizo el testigo Roberto Canaán, a quien habría sobornado y extorsionado a cambio de alterar el curso de la investigación en su contra.