Defensoría Pública expresa preocupaciones

Pese al precario presupuesto que recibe y un déficit de 250 defensores públicos para atender la carga de trabajo que realizan en los tribunales a nivel nacional, la Oficina Nacional de Defensa Pública (INDP) promedia al año cinco mil casos judiciales resueltos con sentencias de “no ha lugar” y de “absolución”, favorables para personas de escasos recursos económicos o en estado de indefensión.

El dato lo dio a conocer ayer el director de la institución estatal, Rodolfo Valentín, durante un agasajo que ofreció a periodistas con motivo de las festividades navideñas, donde hizo un recuento de logros alcanzados por la institución en este 2025 y expuso su preocupación por la situación de aspectos del nuevo Código Procesal Penal.

Afirmó que, pese a la inequidad por parte del Estado, al asignar RD$480 millones a una institución que, como la Defensoría Pública, tiene presencia a nivel nacional y dar RD$1,400 millones a otras que solamente operan en capital, el trabajo que realizan para garantizar que ninguna persona se quede sin defensa, por no poder pagar un abogado, actuando como un derecho fundamental, “es eficiente y de calidad”.

“Por tema de presupuesto nosotros tenemos en la actualidad 151 defensores de carrera y para suplir algunos lugares con visitas a nivel nacional hemos tenido que contratar 132 abogados”, dijo.

Manifestó que cada defensor público tiene entre 400 y 500 casos y, aunque la calidad del servicio no baja, entiende que esa calidad aumentaría si tuvieran menos casos a su cargo en procesos en los tribunales.

“Para resolver el tema de que algún ciudadano cometa un crimen o un delito, en ninguna parte del mundo esto resuelve el cúmulo de pena, ni siquiera la pena de muerte en donde la aplican y acompañar a aquellos en conflicto con la ley penal”, precisó.

Indicó que en ninguna parte del mundo “el fin de la pena no debe ser el reproche, no debe ser el castigo, no debe ser el ojo por ojo y diente por diente”.

Explicó que como fin, en la pena debe aplicarse la teoría de la regeneración, rehabilitación, reeducación, sobre todo, reinserción social de los privados de libertad.

Señaló que en ninguna parte del mundo el cúmulo de pena, “ni siquiera la pena de muerte en los Estados Unidos ha resuelto el tema de que ciudadanos cometan crímenes o delitos”.

Agregó que no se puede extrapolar el Código Penal, que es una literatura política criminal del Estado.

“Un Código Procesal Penal que es una literatura que debe de garantizar el debido proceso, el respeto a derechos fundamentales, garantizar temas constitucionales y, sobre todo, atender las decisiones vinculantes del Tribunal Constitucional” manifestó.

Sistema Penitenciario

El director de la Defensoría Pública dijo que en el sistema carcelario del país no están dadas las mínimas condiciones para que una persona condenada permanezca encerrada 5, 10, 15, 20 y 30 años, muchos menos 60.

“Las Parras no va a ser el milagro a nivel nacional de los presos condenados y de los preventivos, se va a paliar la Penitenciaría Nacional de La Victoria, donde hay aproximadamente 26,000 privados de libertad. Las Parras va a aglutinar unos 8,000 privados de libertad, por lo que el 500 % de hacinamiento que tiene la Penitenciaría Nacional de La Victoria se va a superar en Las Parras”, subrayó.

Valentín también se refirió a la importancia de los acuerdos e informó que el Poder Judicial, la Procuraduría General de la República y la Defensoría Pública, en una mesa nacional, han estado incentivando a los operadores del sistema para que se puedan realizar acuerdos necesarios, “sin tomar en cuenta la persona en conflicto con la ley penal”.

Explicó que esa estrategia podría resolver la situación actual en las cárceles del país, con miras a descongestionar los recintos.