Derechos Humanos del Nordeste truenan a favor del medio ambiente

La Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) de las provincias Samaná, María Trinidad Sánchez, Sánchez Ramírez, Duarte y Hermanas Mirabal denunciaron y rechazaron, a la vez, lo que consideraron las graves violaciones a los derechos humanos y al medio ambiente provocadas por la expansión descontrolada de actividades mineras en la región Nordeste.

Reunidos en asamblea en San Francisco de Macorís, la entidad expresó que, luego de amplios debates y reflexiones en torno a la situación de los derechos humanos en las diferentes comunidades, han llegado a la conclusión de que lo que se está haciendo en el municipio de Cotuí, provincia Sánchez Ramírez, es algo a lo que el país completo debe de prestarle la debida atención.

Precisa la entidad que las operaciones mineras que se desarrollan en dicha zona, por parte de la Barrick Gold Pueblo Viejo, han causado desde ya daños irreparables a los ecosistemas, fuentes hídricas, la salud de las comunidades y los medios de vida rurales, afectando particularmente a sectores vulnerables.

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Preocupación ante la aprobación de un nuevo Código Penal

De igual modo, la entidad expresó su «profunda preocupación ante la aprobación de un nuevo Código Penal regresivo, que atenta gravemente contra los derechos de las mujeres, de las niñas y niños y adolescentes, y que representa un retroceso inadmisible en materia de derechos, equidad y justicia social”.

Otro de los temas tocados por el organismo es el referente a la crítica situación del sistema penitenciario, marcado por la sobrepoblación carcelaria, condiciones inhumanas, falta de atención integral y ausencia de políticas efectivas de reinserción social.

“Exigimos reformas estructurales urgentes que garanticen un trato digno a las personas privadas de libertad, en consonancia con los estándares internacionales en materia de derechos humanos”, expresan los delegados de las provincias nordestanas.

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De igual manera, denuncia la CNDH de la zona la persistente violencia de género en las diferentes comunidades, así como la escasa atención al tema por parte de las autoridades, al tiempo que manifestaron su preocupación por la manera ligera e insensible —según dicen— con que en muchos casos el sistema judicial trata las denuncias de agresión contra mujeres, permitiendo la libertad de agresores mediante la simple aplicación de garantías económicas, incluso en situaciones de extrema gravedad, en donde esta práctica no solo revictimiza a las sobrevivientes, sino que perpetúa la impunidad y el ciclo de violencia.

“Reafirmamos nuestro compromiso como defensores y defensoras de los derechos humanos, acompañando a nuestras comunidades en sus luchas, visibilizando las injusticias y exigiendo una respuesta institucional coherente, justa y respetuosa de la dignidad humana”, dice la CNDH.