El dilema entre la insuficiencia de productos nacionales y la competencia de importadores

Es cierto que suelen estar en contradicción las medidas oficiales de protección al consumidor en precios y calidad independientemente de la procedencia local o externa de los bienes y aquellas que se aplican para defender a los productores locales del excesivo ingreso desde fuera de artículos de gran demanda aunque no se recurra a prohibiciones absolutas lo que supondría violaciones a la libertad de comercio y a convenios internacionales. Preferible que los mecanismos institucionales se empleen a fondo para equilibrar la disponibilidad protegiendo intereses legítimos de unos y otros: ni tanto que queme al santo ni tanto que no lo alumbre.

El crecimiento de las importaciones agrícolas que el año pasado superaron con creces los US$6,000 millones disparó las alarmas de partes interesadas que reiteraron con potente voz su rechazo a compras externas desmedidas de bienes para consumo que el país cosecha regularmente. Luego viene el ciclo en que los aportes del campo al mercado interno no cubren ventajosamente las necesidades del consumidor final llevado una y otra vez a pagar los platos rotos porque con frecuencia se siembra y cosecha sin la racionalidad que evite extremos desestabilizadores de producción o porque el Estado falle en proteger la agropecuaria.

En ese contexto liderazgos de oposición niegan que el Estado dominicano sea un apropiado soporte de la agricultura a la que consideran atrapada en limitaciones en sistemas de riego, de falta de mantenimiento a las infraestructuras; de niveles de financiamiento razonables o de tasa cero, faltándoles a los productores acceso a subsidios para fertilizantes y para la preparación de tierras acusando al Banco Agrícola de conceder créditos a personas que ni siquiera han visto al campo en fotografías mientras los labriegos más necesitados se quedan con las manos vacías.

De su quiebra y caída en la insolvencia ante fuentes financieras por depender demasiado de lo que otros decidan o de que les auspicien institucionalmente sus faenas y objetivos, los productores culpan mayormente a las importaciones desfasadas y superlativas que suelen atribuirse a tráficos de influencia y privilegios y a los altos costos de producción que le restan competitividad. Se alega que los importadores estarían contribuyendo a su desgracia poniendo a los dominicanos a comer de fuera frutos baratos que esultan de generosos subsidios al campo que aquí no existen.

LA CONTROVERSIA

Las importaciones son calificadas cíclicamente como desplazadoras de la producción nacional de arroz, ajo, cebolla, frijoles, carne de cerdo y sus derivados y de una diversidad de vegetales frescos y refrigerados. Los defensores del arribo de embarques responden acusando a las fuentes de renglones criollos como reincidentes en relacionarse con el mercado sin planificar y sin cumplir a tiempo con la entrega de comestibles para el consumo local. Al punto de que el país ha perdido espacios ganados para envíos a otras naciones con vocación de consumir productos dominicanos que se han quedado esperando.

Mientras de un lado la Unión Nacional campesina califica de indiscriminado y lesivo que el comercio sea invadido con cargamentos de arroz extranjero, la Junta Agropecuaria Dominicana, JAD, descalifica años atrás como “política” la oposición a los permisos de importación de renglones agropecuarios.

La entidad sale en ocasiones al ruedo para defender a empresarios nacionales que históricamente han traído al país furgones repletos de habichuelas, ajo y cebollas entre otros rubros. Defendió, de manera particular las autorizaciones anuales para importaciones de arroz que el Gobierno ha extendido sin interrupciones pero que los cosecheros han llegado a calificar de cuantiosas y desastrosas para la economía agrícola dominicana.

Los defensores de la importación de renglones de la agricultura y la porcicultura han invocado el acuerdo general de la Organización Mundial de Comercio sobre derechos adquiridos para los intercambios entre economías del mundo “que no se puede ignorar”. Sin embargo, la OMC no ha podido frenar a la ofensiva arancelaria hacia todas direcciones que Estados Unidos ha mantenido en pie bajo la administración de Donald Trump.

CERDOS Y POLLOS

El pasado año fue un espacio calendario más para que las importaciones de carne porcina continúen su avance arrollador sobre el mercado interno creciendo entre un 6% y un 8% cada 365 días; admitiendo con impotencia las autoridades que la traída de productos porcionos desde el exterior seguiría siendo necesaria sin fecha de expiración. En ocasiones, dudosas estadísticas oficiales hablan de que un 75% del consumo local es cubierto por cerdos locales aunque de cinco años para acá la Peste Porcina Africana ha tenido mortales comportamientos sobre todo en la crianza tradicional de las pocilgas rurales. Limitadas ciertamente en envíos al mercado mientras los puercos tienden a desaparecer como supuestas alcancías del pobre.

A pesar de su consolidación como una potencia avícola regional atribuyéndosele el 95% del suministro interno de carne de pollo y huevos de gallinas, las estadísticas oficiales al respecto no incluyen la enumeración de gruesos permisos “excepcionales” para importarlos y cubrir un impresionante crecimiento del consumo, que incluye a los enclaves turísticos y que no tiene parangón en toda la cuenca del Caribe y Centroamérica.

Se debe tomar en cuenta que el funcionamiento de las granjas está expuesto a eventualidades en la disponibilidad de insumos y de transporte naval desde el exterior sujetas además a los extremos climáticos que afectan la reproducción de las aves con el país teniendo ganado algunos mercados externos de consumos como Haití, hacia el que dirige parte de su producción, uno de los más importantes destinos de las exportaciones dominicanas.

EL EQUILIBRIO

La entidad gubernamental Pro Consumidor mantiene una posición favorable a la importación de alimentos cuando es necesaria para contrarrestar los auges de la especulación, estabilizar los precios de la canasta básica y proteger la economía familiar. Se ha reafirmado varias veces en el criterio de que la apertura del mercado local a embarques de fuera debe pretender el equilibrio para no afectar desproporcionadamente a sectores productivos.

Su posición de principio va en el orden de combatir precios injustificados y garantizar el acceso a alimentos que deben estar asequibles a familias de escasos recursos favoreciendo traer artículos foráneos cuando la producción local no es suficiente. Dice estar alerta con monitoreos contra las acciones especulativas.

Expresó enfáticamente que “la institución actúa bajo la premisa de garantizar la seguridad alimentaria y los derechos económicos de los consumidores ante los abusos de comerciantes”.